El juez de Instrucción número 6 de Granada, el magistrado Miguel Ángel del Arco, ha archivado las diligencias abiertas tras la querella por calumnias e injurias que interpuso el exgerente de la empresa provincial de vivienda (Visogsa) José Luis Hernández (PSOE) contra la vicepresidenta primera de la Diputación, Luisa García Chamorro, al entender, entre otros asuntos, que ésta no mintió al atribuir "gustos culinarios muy caros porque gustaba de ir a marisquerías y restaurantes de renombre" porque hizo constar como "comidas de empresa" partidas de gambas, ibéricos, copas de whisky de Cardhu, cocochas a la romana, paletilla lechal y botellas de Viña Ardanza a 32 euros.
El auto, de fecha 24 de febrero y consultado por Europa Press, se produce después de que la Audiencia Provincial revocara una primera resolución de archivo de la querella de calumnias e injurias del 18 de abril de 2013, afirmando que no podía descartarse "a priori" la comisión de esos delitos por parte de García Chamorro. Concretamente, el motivo de la querella se basó en las declaraciones de la vicepresidenta primera acerca de los pagos "con Visa Oro" del exresponsable de Visogsa en "restaurantes de lujo granadinos", de sus "gustos culinarios muy caros", o los viajes de avión en clase business.
En lo que supone la ratificación del archivo inicial, el juez Del Arco hace una defensa de la libertad de expresión de García Chamorro, que hizo sus manifestaciones en el marco de una rueda de prensa "contra un personaje que ha sido político electo y hombre público como gerente de una empresa pública".
De hecho, el juez censura que el exgerente haya intentado querer demostrar que es "ajeno a la actividad política", es decir "un ciudadano normal y un profesional técnico que no puede ser objeto de comentario ni crítica exacerbada", cuando es exalcalde de Guadix, tenía dependencia política y su cese también fue político, de manera que "con tales condiciones está sujeto al comentario y a la crítica en una intensidad superior al ciudadano normal".
Asimismo, en base a la documentación aportada por la querellada, Del Arco señala que "parece que quien profiere la crítica, incluso descalificadora, no ha mentido cuando se refería a gustos culinarios muy caros porque gustaba de ir a marisquerías y restaurantes de renombre", ya que constan como "comidas de empresa" partidas de gambas, ibéricos y copas de Cardhu, cocochas a la romana, paletilla lechal, caldereta de arroz, pescado y mariscos, Viña Ardanza a 32 euros y "a veces las tapas superan a la bebida".
Además, incide en que durante el periodo en el que Hernández fue gerente de Visogsa la empresa llegó a pagar multas de 237,60 euros por circular, en "viajes de empresa", por carriles reservados a autobuses y no respetar la señal de entrada prohibida de un vehículo de la Diputación que tenía como conductor principal "a un alcalde de un municipio".
"Es cierto que la sociedad está impermeabilizada ante estos hechos pero estas circunstancias también deben de ser tenidas en cuenta a la hora de valorar un derecho de libertad de expresión, de crítica que puede llegar a la indignación contenida en situaciones de angustia económica", resalta el juez.
Por todo, estima que no hay infracción penal en las declaraciones de García Chamorro y le reprocha a Hernández que no haya acudido antes a la vía civil, en lugar de a la penal. "¿Es que cualquier incidente que ocurre en la ciudad de Granada tiene que sustanciarse en la vía penal sometiendo a los ciudadanos a esta jurisdicción en el posible exceso del ejercicio de sus derechos?", se pregunta el magistrado en una resolución contra la que cabe recurso de reforma.
VALORACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
De la ratificación del auto de archivo se ha pronunciado este lunes la propia querellada, Luisa García Chamorro, que ha mostrado su "satisfacción" por una decisión judicial que viene a constatar, a su juicio, los "desmanes" que cometió el exgerente "con cargo a los fondos públicos", que ascendieron a "miles de euros" con la excusa de que eran "asuntos de trabajo".
También el portavoz del equipo de gobierno, José Torrente, ha afirmado que con esta resolución el juez le dice a Hernández que "ya está bien de usar la sede judicial para sus cuitas particulares", y que "la libertad de expresión también afecta a la crítica que pueda haber contra el PSOE o contra cualquiera de sus brazos ejecutores". Además, Torrente ha censurado la "actitud mandona, prepotente e injusta con los trabajadores" del que fuera alcalde de Guadix, que "cuando usó el poder lo hizo de manera absolutamente arbitraria".
"Ya está bien de usar los juzgados para intentar justificar una gestión dudosa y como medio de autodefensa", le ha reprochado el portavoz, quien ha instado a Hernández a pedir disculpas tanto a García Chamorro como a toda la sociedad granadina por "usar la visa oro incluso para pagar multas", lo que ha calificado de "absolutamente impresentable".
Además, y preguntado por si la Diputación denunciará el asunto de estos gastos ante los tribunales, Torrente ha dicho que la institución ya ha hecho su denuncia pública, si bien ha bromeado con denunciar lo de pedir las "cocochas a la romana", que es un "crimen", ha ironizado.
