El portavoz del Gobierno, Antonio Saldaña, defendió ayer la necesidad de que el Estado adopte medidas “excepcionales” en Jerez dado que la deuda por habitante es aquí mayor que en otros municipios.
Ese parece ser el argumento principal que se va a trasladar la próxima semana al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para flexibilizar las condiciones de devolución del préstamo otorgado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que permitió saldar la deuda que existía con cientos de proveedores.
“Si Jerez tiene una ratio de deuda por habitante mucho más elevada que otras poblaciones, pues habrá que plantear la adopción de medidas excepcionales, y ese es el objetivo que hemos planteado”, explicó el primer teniente de alcalde.
En el marco de las conversaciones que viene manteniendo el Consistorio con el Gobierno central se apuesta además por un escenario de control presupuestarios que de algún modo evite el “desmadre” contable de “gestiones anterioes”, para de ese modo poder empezar a andar “poco a poco”.
El objetivo de estas conversaciones no es otro que el de flexibilizar las condiciones de pago de ese préstamo, que tiene un plazo de amortización de diez años al que el Ayuntamiento no puede responder salvo que adoptara “drásticas” medidas de ajuste, algo a lo que se niega el Gobierno local.
50 millones de gasto ‘ajeno’
Antonio Saldaña aseguró que el Ayuntamiento presta actualmente servicios cuyas competencias corresponden a otras administraciones públicas por un valor aproximado de 50 millones de euros anuales.
El portavoz del Gobierno recordó que la mayoría de estos servicios deberían ser prestados por la Junta de Andalucía, afectando fundamentalmente a asuntos sociales y educación. “Estos servicios hay que seguir prestándolos, pero tenemos que recibir la correspondiente compensación económica”, apostilló Antonio Saldaña.
