La representante de la Fiscalía de Málaga en el juicio que se sigue con jurado popular contra 17 guardias civiles del aeropuerto, acusados de haber obtenido dinero de pasajeros para dejarles pasar ciertas pertenencias, ha asegurado que en este caso hubo una "corrupción bochornosa que se extendió como la espuma" y ha apuntado a que hubo más cobros supuestamente ilegales de los que se han podido constatar durante la investigación.
En el trámite de conclusiones finales, que tuvo lugar el pasado viernes, la fiscal mantuvo la acusación contra estos 17 agentes y el ciudadano chino. Así, en su calificación definitiva, a la que tuvo acceso Europa Press, concretó más la acusación para cuatro agentes, para los que eliminó la alternativa del delito de omisión del deber de perseguir delitos, al considerar que éstos estaban "de acuerdo" con su compañero.
Este lunes, en su informe final, la fiscal ha insistido en que a lo largo del proceso se han constatado pruebas que corroboran la acusación de cohecho, como las declaraciones de los testigos; pero sobre todo las imágenes grabadas tanto por una cámara de seguridad instalada sobre una cinta de equipajes como por la ubicada de forma oculta en una oficina de aduanas. Ha defendido la validez de estas grabaciones.
Ha dicho que la investigación ha sido "muy complicada" por la "escasez" de medios y también por ser los investigadores guardias civiles como los acusados, pero ha sostenido que "ha quedado reflejada una serie de cobros a pasajeros". Ha apuntado que, según la normativa vigente y las declaraciones del responsable de Aduanas del recinto, a los agentes no les correspondía realizar ningún trámite aduanero ni entrevistarse en privado con los pasajeros.
Así, ha indicado que hubo una "corrupción bochornosa que se había extendido como la espuma en el aeropuerto" y se ha dirigido a los miembros del jurado popular para decirles: "ustedes lo han visto", en referencia a esas imágenes que han sido visionadas durante la celebración del juicio oral, primero parcialmente mientras se realizaba el interrogatorio de cada acusado y, luego, en varias sesiones.
La representante del ministerio público ha ido explicando a los jurados cada uno de los 12 hechos por los que acusa y las pruebas que corroboran, a su entender, la autoría por parte de los acusados. Así, ha detallado los documentos que constan en la causa y en qué vídeo sale cada procesado, defendiendo que no ha habido error de identificación y que los subtítulos de las imágenes coinciden con lo que se oye y se ve.
Así, acusa a los agentes de un delito de cohecho, en seis casos con carácter continuado, solicitando suspensión para empleo o cargo público por tres o tres años y nueve meses, además de multa, respectivamente; mientras que en dos casos solicita inhabilitación en vez de suspensión. Durante varios días de juicio se han visionado las grabaciones de esas cámaras de seguridad, cuya validez ha sido cuestionada por las defensas.
La investigación del caso comenzó cuando la Unidad Central Operativa de la Dirección General de la Guardia Civil supo, a finales de 2005, que algunos de los componentes del cuerpo, destinados en la sección fiscal del aeropuerto, supuestamente pedían a los viajeros dinero para no retenerles ciertas pertenencias que portaran en sus equipajes, según el escrito del fiscal.
En esta línea, el ministerio público señala que los investigadores tuvieron conocimiento de que, incluso por parte de la comunidad china afincada en la Costa del Sol, se advertía a sus familiares de que cuando viajaran a Málaga trajeran en la mano un billete de 50 euros para evitar problemas. En noviembre de 2005, un familiar de un pasajero denunció los hechos.
Tras esto, se pidió autorización judicial para desviar la señal de una cámara, ubicada en una cinta de la terminal, e instalar otra en una oficina de la aduana, donde presuntamente se pedía y entregaba el dinero. En el escrito del fiscal, se detallan 12 hechos ocurridos entre el 20 de enero y el 8 de febrero de 2006, momentos en los que supuestamente los agentes obtuvieron dinero.
Según esta acusación, presuntamente, los agentes "obtuvieron" dinero u objetos a cambio de dejar pasar alimentos para los que no había una prohibición expresa por ley o, por contra, comida que no podía ser importada, así como ropa, dinero o, incluso, un ordenador, para lo que hacían pasar a los viajeros a una oficina donde hablaban con ellos, según las imágenes grabadas.
Todos los acusados negaron los hechos y solo algunos se reconocieron en las grabaciones de las cámaras, aunque alegaron que el dinero que supuestamente estaban manejando en esas imágenes era de una peña de quinielas y no de sobornos a viajeros. Además, las defensas han cuestionado la validez de esas imágenes y del resto de las pruebas.
