Sólo tres miembros de ETA han afrontado a lo largo de las últimas décadas el pago a sus víctimas de las indemnizaciones a las que han sido condenados, aunque en todos los casos se ha tratado de sólo una parte del montante total y siempre después de un procedimiento de embargo judicial.
Así le consta a la Abogacía del Estado, que sólo tiene registrados tres casos de etarras entre los centenares de miembros de ETA condenados durante los últimos años por la Audiencia Nacional que hayan sufragado indemnización alguna a sus víctimas, según un artículo publicado en la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, recogido por Europa Press.
Los etarras generalmente son condenados, además de a penas de prisión, al pago de indemnizaciones que sin embargo se niegan a abonar declarándose insolventes y es el Estado el que debe hacer frente a su pago como responsable civil subsidiario.
El primer caso tuvo lugar hacer más de diez años, cuando se descubrió por casualidad que un miembro de ETA condenado había recibido una herencia de sus padres y había renunciado a su parte en favor de sus hermanos. Este movimiento fue detectado por Economía y Hacienda y se impidió la transmisión a los hermanos del etarra.
El segundo caso corresponde al asesino de Ramón Baglietto, cuando en febrero de 2006 la Audiencia Nacional confirmó el embargo de los bienes del etarra Cándido Azpiazu para que afrontara la indemnización que le fue impuesta en la sentencia que le condenaba a 49 años de prisión por su asesinato el 12 de mayo de 1980.
ASESINADO POR EL BEBÉ AL QUE SALVÓ LA VIDA
El caso de Baglietto es especialmente dramático porque muchos años antes de su asesinato, en 1962, él mismo había salvado de morir al que después sería su asesino. Baglietto estaba en la puerta de su casa cuando vio a una señora con un bebé en brazos y otro agarrado de la mano que iban a ser atropellados por un camión. Él llegó a tiempo de salvar al menor mientras la madre y el hijo mayor morían atropellados. Ese niño que Baglietto salvó fue el mismo que dieciocho años después acabó con su vida.
Tras salir de prisión por este asesinato, Azpiazu y su mujer compraron una cristalería en Azkoitia (Guipúzcoa), en los bajos del edificio donde vive Pilar Elías, la viuda de Baglietto. El local costó 120.202 euros y Elías reclamó el pago de la indemnización, con lo que se procedió al embargo del 50 por ciento del negocio para pagar las indemnizaciones, mientras que la otra mitad no se incautó porque pertenecía a su esposa.
En cumplimiento de lo sentenciado, la Audiencia Nacional decidió sacar a subasta judicial el local de la cristalería y otro local próximo. Milagros Altuna, la esposa del etarra Cándido Aspiazu, hizo la mejor oferta de la subasta y logró hacerse con los locales por 46.438 euros. La cantidad obtenida fue a parar a las arcas del Estado, que había adelantado la indemnización a la viuda e hijos de Baglietto.
El tercer caso corresponde a la terrorista condenada Rosario Ezquerra, quien era titular de dos fincas, una de las cuales estaba alquilada por 30 euros al mes a su hermana a través de un contrato verbal poco antes de su procesamiento.
Las dos fincas fueron subastadas, y el único postor que compareció a la subasta fue la hermana de la condenada, Begoña Ezquerra, quien consiguió la adjudicación de las dos fincas por un importe total de 187.580 euros.
