El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado este martes que la operación contra Herrira como sucesora de Akatasuna y Gestoras pro Amnistía pretende "trasladar a ese mundo que legalidad no significa impunidad" y ha recordado que la sentencia del Tribunal Constitucional que ilegalizó Sortu deja claro que cuando una organización comete "de forma grave y reiterada" actos de enaltecimiento del terrorismo puede dar lugar a "incidentes de ilegalización sobrevenida".
En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha recalcado que Herrira ha organizado 112 'ongi etorris', actos de bienvenida a los presos de la banda "en los que enaltecen sistemáticamente a la banda y humillan sistemáticamente a las víctimas". Que sean legales "hasta ahora", ha avisado, no les permite estar "impunemente violando la ley".
Por eso, sin perjuicio de lo que decida el juez, el ministro cree que había base suficiente para el cierre cautelar de los locales de Herrira, de sus páginas web, sus cuentas bancarias y sus perfiles en las redes sociales. Según ha dicho, la Guardia Civil comenzó a recabar indicios tan pronto como se creó la organización, en febrero de 2012, y ha "acreditado suficientes pruebas" para que la Fiscalía y la Audiencia Nacional hayan estimado necesario ese cierre.
SUCESORA DE OTRAS ILEGALIZADAS POR LA LEY DE PARTIDOS
El titular de Interior ha insistido en que Herrira es sucesora de dos "organizaciones que fueron ilegalizadas por considerar el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que formaban parte entramado ETA y en aplicación de la ley de partidos, Gestoras pro Amnistía y Askatasuna". Además, ha explicado que Herrira ejerce un "férreo control" sobre el colectivo de presos y "expulsar y estigmatizar" a los que quieren sumarse a los mecanismos individuales de reinserción.
Pero además, ha remarcado que la operación contra ella tiene un segundo objetivo, dejar claro que no habrá "negociación política con ETA por parte del Gobierno" y que lo que tiene que hacer la banda es disolverse definitivamente, porque "no tiene sentido" que una organización terrorista anuncia que deja de actuar pero no se disuelva y, en cambio, siga "creando organizaciones filiales para suceder a las ilegalizadas".
Según ha dicho, ese es el comunicado de ETA que espera el Gobierno, el de su disolución, y no el que la banda hizo público el viernes, enmarcada en el contexto del 'Gudari Eguna', el día del soldado vasco. "No están dispuestos a pedir perdón ni a abjurar de su pasado pero dicen que sí a dar pasos a favor la reconciliación nacional. Nos perdonan la vida porque dejan de matar y hemos de dar las gracias", ha resumido el ministro.
Así, ha advertido de que el Gobierno "no está para dar publicidad a escenificaciones" de la banda sino que le ha reclamado que entreguen las armas y disuelvan las pocas estructuras que les quedan, el aparato logístico y el político. Eso sí, ha reconocido que son "buenos" los pasos en favor de la disolución, se hagan con mayor o menor escenificación.
Entre tanto, ha incidido en que "el Gobierno no baja la guardia, el Estado de Derecho no está en suspenso" y los beneficios penitenciarios van a seguir siendo los mismos de reinserción individual que contempla la ley. "Perseguiremos hasta el final el cese definitivo de ETA, de manera que la ETA que hemos conocido forme parte del pasado".
"LA ETA QUE HEMOS SUFRIDO NO VOLVERÁ"
En todo caso, Fernández Díaz está convencido de que la ETA del pasado "ha desaparecido". "La ETA que hemos conocido, padecido y sufrido durante décadas, esa ETA no existe y no volverá. Una persona con un arma puede cometer un atentado, eso es incontrolable pero eso no sería ETA", ha remachado.
Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha afirmado que la operación contra Herrira se enmarca en la "normalidad policial y judicial". Por eso, después de que el Gobierno vasco la haya calificado de paso atrás, ha respondido que "es un mal enfoque" tratar de ver en ella "objetivos políticos".
Preguntado si es posible una ilegalización de Herrira, ha respondido que la operación no se ha hecho en el marco de un proceso de ilegalización de partidos, puesto que Herrira no lo es, sino que es una operación penal contra unos dirigentes que han incurrido en "conductas delictivas". Ahora, "lo que pueda decidir el juez está en su responsabilidad", ha dicho en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press.
Mientras ETA exista y no se disuelva, ha insistido, será objeto de las Fuerzas de Seguridad y de los jueces. "A ETA se la combate con la ley y a las distintas cabeza de la hidra se las combate con la ley, no hay motivos para que eso tenga que cambiar", ha manifestado.
