Desvestir a un santo para vestir a otro. Es lo que sienten los 174 afectados por el Expediente de Regulación de Empleo ejecutado en el Ayuntamiento de Estepona tras comprobar que el Consistorio ha destinado más de 13.000 euros en pagar a un estudio de arqueología externo mientras en julio de 2012 uno de los arqueólogos municipales fue despedido.
Denuncian que el regidor popular, José María García Urbano, firmó el pasado 1 de agosto dos decretos por importe de 6.721,79 euros a un Estudio de Patrimonio Arqueológico por trabajos de apoyo en varias obras de las calles remodeladas del centro, como Chorro, Mondéjar, Genaguacil y Castillo. "Ésta es la constatación de que el ERE fue realizado sin seguir ningún criterio objetivo ya que, por ejemplo, se despidió a un arqueólogo al entenderse que su trabajo no era necesario y sólo en un día el alcalde firmó dos decretos por importe de 13.443, 58 euros para contratar a una empresa privada que ha realizado las mismas funciones”.
El colectivo considera que el despido colectivo lejos de lograr un ahorro económico en las arcas municipales, argumento esgrimido por el Consistorio, está suponiendo un "encarecimiento por la prestación de unos servicios que antes se realizaban desde el mismo ayuntamiento". Pero han ido más allá al lamentar que la empresa a la que se han contratado estos trabajos "tiene su sede en Valladolid". Así, entienden que las adjudicaciones de obras o servicios solo benefician a empresas de fuera de Estepona.
“Son muchas las contradicciones de este equipo de gobierno del PP, muchos los gastos superfluos que se están llevando a cabo y muchas las necesidades que estamos pasando los trabajadores despedidos de manera totalmente injustificada e innecesaria por una decisión política exclusiva del alcalde del PP, José María García Urbano”, concluyen. El ERE está pendiente del Recurso de Casación presentado ante el Tribunal Supremo, después de que el Alto Tribunal Andaluz considerara el despido ajustado a derecho.
