El grupo municipal de Izquierda Unida ha realizado una rueda de prensa para dar a conocer su opinión respecto a la sentencia dictada por el juzgado de lo penal número 2 de Cádiz respecto a la Casa de las Cadenas. A esta comparecencia acudieron el Coordinador Local y concejal de IU Antonio Fernández Sancho, el portavoz municipal de la formación Julio Acale y el parlamentario andaluz por Cádiz Ignacio García.
Esta sentencia condena a ocho años de inhabilitación al ex acalde Hernán Díaz, al que fuera concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y al actual jefe del servicio municipal de Licencias y Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de El Puerto, Fernando Jiménez Fornell. Además, Rufino Naves Llaneza y su hijo José Ignacio Naves Arambarri, propietarios del inmueble, han sido condenados a una pena de año y medio de prisión.
Ignacio García, quien fuera concejal y portavoz municipal de Izquierda Unida cuando se inició el proceso, mostró la “gran satisfacción” de IU al conocer la sentencia pues “confirma que la Casa de las Cadenas nunca debió derribarse”. En cuanto al contenido de la sentencia García cree que “servirá de referencia para los responsables políticos” y para “proteger a la casa de las cadenas en su totalidad” además de suponer “un aviso para quienes quieran poner los intereses personales de determinados grupos por delante del interés general de la ciudadanía”.
Para García “esta sentencia ejemplar ha sido posible gracias a IU” ya que “de no ser por Izquierda Unida no se habría llegado hasta aquí”.
Para finalizar su intervención, el actual vicepresidente del parlamento andaluz aseguró que “con la nueva inhabilitación a Hernán Díaz se confirma que el proyecto político de Independientes Portuenses está muerto”.
“Los portuenses han pagado la mala gestión”
Por su parte Julio Acale, actual portavoz municipal de IU, señaló “el papel que Izquierda Unida ha jugado durante este proceso, asumiendo la iniciativa de velar por la legalidad y por el patrimonio de los portuenses” debido “a la dejación de funciones del entonces gobierno municipal”.
Acale comentó la necesidad de reclamar la protección total de la casa de las Cadenas “ya que es un edificio declarado como Bien de Interés Cultural” y mostró su malestar porque “finalmente hayamos sido los ciudadanos quienes hayamos pagado de nuestro bolsillo la mala gestión de IP respecto a la Casa de las Cadenas” pues, como recordó Acale, “la demolición conllevó una multa al ayuntamiento de 150.000€”.
