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El Jerez Rural cierra su verano más combativo

Además de ponerlas en peligro, la reforma de la Administación local que promueve el Gobierno reabre viejas heridas y reactiva el proceso de segregación de La Barca, cinco años después, y de Torrecera, que lleva desde noviembre esperando que el Ayuntamiento eleve su acuerdo a Pleno. En septiembre se

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  • Los alcaldes en una protesta. -

Anuncio de movilizaciones por la reforma de la Administración Local del Gobierno de la Nación, controversia por la aprobación de un estatuto específico sin consenso entre las partes implicadas, reactivación del proceso de segregación...el verano que ya empieza a dar sus últimos coletazos  está siendo uno de los más combativos que se recuerdan para el conjunto de las siete entidades locales autónomas de Jerez. Aunque algunas como Torrecera y La Barca están más en el ojo del huracán que el resto (Nueva Jarilla, Guadalcacín, Estella del Marqués, San Isidro del Guadalete y El Torno), el trasfondo es idéntico para todas: no están dispuestas a que el proyecto de ley que tramita el Ejecutivo elimine sus tradiciones milenarias de un plumazo.

Amparadas por la Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM), están en plena campaña de información para lograr que a finales de septiembre la manifestación convocada en Madrid sea multitudinaria. A esta convocatoria están llamadas las 3.700 ELAs repartidas por todo el país. En Andalucía son 48 las existentes, siendo la más poblada Guadalcacín con más de 5.000 habitantes, y la menor San Julián, dependiente del municipio jiennense de Marmolejo, con unos 60 vecinos.


El presidente de la FEEM, Antonio Martín Cabanillas, calificó como “barbaridad” y “bodrio” la reforma local del Gobierno central que tramita el Congreso y que, en su opinión, busca la “disolución” de las entidades locales autónomas. Tanto él como algunos de los alcaldes pedáneos que le acompañaron en la rueda de prensa hace varias semanas, como Manuel Bertolet (Torrecera), Nieves Mendoza (Guadalcacín), Miguel A. Morales Navas o Antonio Ramos (San Isidro del Guadalete), asentían en señal de acuerdo cuando Cabanillas reprochaba  al Gobierno central  que pretenda “quitarnos de en medio” con una ley que, a su juicio, es “anticonstitucional”.

Pero la respuesta a esta ley que mantiene en vilo al entorno rural en el que viven más de 18.000 personas, no sólo llegará en forma de protestas y paros, sino que ya hay entidades como Torrecera, gobernada por Foro,  y La Barca (con el mismo color político que el Ayuntamiento matriz)  que han aprovechado la coyuntura para mover los hilos para que su proyecto de segregación prospere. Saben que van a contrarreloj y que el tiempo juega en su contra. De obtener la”independencia”, no se expondrían a este futuro incierto que ahora se cierne sobre ellos y que en menos de un año puede hacerse realidad. De hecho, sus casos han salido a la luz esta misma semana después de que la Federación Andaluza de Entidades Locales (FAEM) haya prometido más protestas y “de todo tipo” si la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta  no comienza a “agilizar” la resolución de los quince expedientes de segregación que tiene sobre la mesa.


  En una asamblea extraordinaria celebrada esta semana, se ha aprobado por unanimidad el documento que ha presentado el presidente de la FAEM sobre estas segregaciones en la comunidad, “que recoge punto por punto la legislación competente en esta materia y que cumplen todos y cada uno de los expedientes de segregación presentados para su constitución como nuevos municipios”. Junto con La Barca y Torrecera, sin que se descarte que puedan unirse más, en este momento están pendientes de solución los expedientes de 13 entidades más de toda Andalucía, por lo que la FAEM ha dado otro golpe sobre la mesa y ha exigido una reunión vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local, Diego Valderas y representación de los alcaldes de entidades afectadas para abordar de manera urgente estos expedientes.
En noviembre se cumplirá un año de la fecha en la que el Pleno del Ayuntamiento de Torrecera aprobó formalmente iniciar el procedimiento.  A partir de ahí, el siguiente paso fue elevar al Ayuntamiento de Jerez su propuesta para que se pronunciaran al respecto, pero hasta ahora, como lameneta Bertolet, el Gobierno local se ha limitado a dar la “callada por respuesta”, cuando el proceso exige la elevación de este trámite a Pleno.  Ahora, como apunta, “las alarmas han saltado” y urge tomar decisiones. “Con el proyecto de ley se pretenden eliminar las 3.700 entidades locales, no lo hace directamente, pero es lo mismo, no lo eliminan de frente sino por la puerta de atrás, de forma fina”, se queja.


Por ello, para Bertolet, tanto en su caso como en otros que han dado el paso para segregarse, culminar el proceso supondría su “salvación” ante los tiempos complicados que se avecinan, de ahí que ahora exijan premura a la Junta para que resuelva los procesos que tiene sobre la mesa para estar constituidos como municipios una vez que entre en vigor la ley. Una celeridad que hacen extensiva al Consistorio jerezano. “Lo que queremos es lo estipulado por ley, no un simple manifiesto de intenciones, queremos ver hechos, que la alcaldesa sea valiente para llevar este asunto a Pleno y que comprobemos así que creen en nuestra identidad. No nos hace falta intenciones, queremos ver hechos ya, que ya toca”, señala.


Prudente a la hora de hablar de cada ELA en particular, sostiene que cada una de ellas “es un mundo”, pero le consta que al igual que La Barca hay más entidades interesadas en “desvincularse” del Ayuntamiento matriz. En su caso, con 1.300 habitantes, que contando el territorio diseminado roza los 2.000, y a 24 kilómetros de Jerez, creen que tienen argumentos de sobra para “emanciparse”.


“Cada pueblo tiene su singularidad y estamos más cerca de Paterna de Rivera o de San José del Valle que de Jerez, somos un entorno agrícola con el que sus vecinos se sienten identificados, aquí tenemos nuestra ideología y luego, en el tema de la prestación de servicios, sería más eficiente para nosotros que lo prestáramos directamente. Si Jerez no puede prestar decentemente servicios a ciertos barrios ¿cómo los va a prestar a 24 kilómetros en la misma eficiencia que lo haríamos nosotros?, se pregunta.


Denuncia que están cansados de que “históricamente” sean ciudadanos “de primera” para pagar impuestos pero de “de tercera” para recibir recursos que les corresponde por ley y que no llegan y se quedan allí (por Jerez)(PIE, transferencias mensuales, etc.). “No podemos seguir siendo rehenes de las gestiones de las políticas que allí se hacen, y podemos ofrecer los servicios desde aquí y garantizar la financiación”.

LA BARCA TAMBIÉN SE ANIMA
La Barca de La Florida, con más de 4.000 habitantes, ya dio el paso hace cinco años y se encontró con la negativa de la Junta, que tumbó su segregación argumentando que la pedanía no podía ser viable económicamente, aspecto precisamente en el que se basa ahora su nuevo alcalde, Alejandro González (PP), quien esta semana ha anunciado que en septiembre tratará de reabrir el expediente y ya están tramitando la documentación para remitírsela a la Administración andaluza. López asegura que cuenta con el respaldo de la alcaldesa de Jerez y compañera de partido, María José García-Pelayo, que ha evitado pronunciarse al respecto.

 

Escepticismo en torno a un estatuto sin consenso

La publicación esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)de la aprobación del proyecto de Estatuto regulador de las relaciones entre el Ayuntamiento de Jerez y las entidades locales autónomas del municipio al que el Pleno extraordinario dio luz verde hace varias semanas abre oficialmente el plazo de alegaciones, puesto que el documento entra ahora en el plazo de exposición pública. A partir de este momento, los alcaldes pedáneos, grupos de la oposición y  ciudadanos tienen 60 días contando a partir del 21 de agosto para presentar las alegaciones que estimen oportunas.


Hay que recordar que si bien este documento regula por primera vez en 33 años las relaciones entre los ayuntamientos pedáneos y el ayuntamiento matriz y determina tanto sus competencias como la financiación adecuada para ese nivel competencial, el PP se quedó de nuevo solo en este Pleno  monográfico en un documento que se ha ratificado sin el consenso ni de las ELAs ni de los propios grupos municipales. A juzgar por las reacciones de unos y otros, las alegaciones no se harán esperar, y de hecho, algunas de las ELAs consultadas ya ultiman los documentos, a los que tienen que darles forma. El alcalde pedáneo de Torrecera, Manuel Bertolet, uno de los más críticos, mientras que exceptuando casos puntuales, como el alcalde de La Barca, en la mayoría reina el escepticismo, sobre todo en materia de financiación.


Y es que, con una deuda total con las ELAs que supera los seis millones de euros, aunque el estatuto contemple por primera vez en la historia del Ayuntamiento la participación de las ELAs en la Participación de Ingresos del Estado (PIE), en los ingresos de la Junta y en lo que se recauda en el Ayuntamiento, la tónica general es “hasta que no lo vea no lo crea”.


A falta de que el estatuto se apruebe definitivamente, Bertolet ya tiene claro que este documento no es más que “una cortina de humo para tapar el verdadero problema: la amenza del Gobierno de eliminarnos y tapar cualquier iniciativa y el verdadero problema: el Estatuto es una recopilación de la legislación que ya existe,  y que en el caso de Jerez no se cumple, para regular sus  obligaciones y en la práctica no nos transfiere nada y tapar el verdadero problema.

Torrecera, Guadalcacín y Estella, pendientes del resultado de los estudios de viabilidad para gestionar el agua

Los resultados de los estudios de viabilidad encargados por las entidades locales autónomas de Guadalcacín, Torrecera y Estella decidirán en septiembre la fórmula de gestión del ciclo integral del agua  una vez descartada cualquier posibilidad de ceder la encomienda del agua al Consistorio como sí harán La Barca de la Florida, Nueva Jarilla, El Torno y San Isidro del Guadalete. Dichos resultados marcarán si prestan cada uno por separado y desde su Ayuntamiento este servicio o lo hacen a través de un Consorcio. Después lo someterán a asamblea vecinal.

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