Según explicaron los responsables de Agaden y la Plataforma de Ciudadanos Rodeados por las Fábricas, José Antonio Carrasco y Francisco Perea, respectivamente, “en el auto se recogen indicios de delito contra la ordenación del territorio al ejecutarse unas obras en terreno protegido y no urbanizable, contra la flora y la fauna, contra la protección del medio ambiente y la usurpación de via pecuaria”.
“El culpable de que se paralicen las obras es del Ayuntamiento, concretamente de la delegación de Medio Ambiente y Obras Públicas, además de la Junta de Andalucía, por iniciar unas obras sin los permisos pertinentes, no respetando la ley de impacto ambiental, ya que nosotros lo único que hemos pedido es que se cumpla la legalidad urbanística y medioambiental”, explican los ecologistas.
Denuncias
Por otro lado, Carrasco y Perea comentan que “han habido numerosas denuncias contra estas obras ilegales tanto de Agaden y la Plataforma como de los ciudadanos. Además de la paralización se ha prohibido la ocupación de la finca y la interrupción de todos los suministros públicos de agua y electricidad. Esto es consecuencia de unas obras ilegales y con este auto se va a facilitar la depuración de responsabilidades”.
“Estas obras jamás han sido anunciadas por parte del Ayuntamiento, por lo que la Plataforma, después de solicitar en su día información al Ayuntamiento acerca de la licencia de obras y haberse negado a ofrecerla, interpusimos una denuncia por prevaricación, de la que también esperamos noticias”, afirmaron los responsables ecologistas.
Asimismo, Carrasco y Perea muestran su satisfacción “porque creemos que es un paso en defensa del medio ambiente y valoramos positivamente esta paralización cautelar, que pone de manifiesto que hay indicios de delito”. Además, los ecologistas no descartan personarse como acusación particular en este caso concreto.
Por último, Agaden y la Plataforma hacen un llamamiento a los delegados de Urbanismo y Medio Ambiente “para que nos expliquen dónde están los mecanismos de control y vigilancia de este tipo de delitos. Gemma Araujo hizo caso omiso a las denuncias de estas obras ilegales y hasta ahora no hemos recibido una respuesta por su parte. La única respuesta que hemos recibido ha sido de la Subdelegación informando que estas obras se encuentran sancionadas en una resolución definitiva con un total de 100.000 euros y la obligación de restaurar cuatro hectáreas, algo que tendrá que esperar hasta el final del procedimiento judicial”.
