La secretaria general del PSOE-A de Jerez y portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Miriam Alconchel, ha advertido hoy en rueda de prensa del elevado coste que va a suponer para las arcas municipales el recurso que el Gobierno municipal va a presentar al Tribunal Supremo contra la sentencia del ERE y ha acusado a la alcaldesa, María José García Pelayo, de derrochar dinero público para dilatar un proceso “ilegal y arbitrario”.
Alconchel ha asegurado que con este recurso, la alcaldesa “vuelve a dar una patada adelante y juega a la confusión y al despiste, aunque lo más grave es que está jugando con los sentimientos de los trabajadores afectados por el ERE, prolongando su sufrimiento y el de sus familias”. La edil socialista ha denunciado, no obstante, que la alcaldesa “siga en sus trece para consumar los despidos de un ERE que el Alto Tribunal Andaluz ha dicho que es no ajustado a derecho y arbitrario”, por lo que ha insistido que desde el Grupo Municipal Socialista “vamos a seguir defendiendo la readmisión de los trabajadores despedidos”.
Al respecto, ha explicado que “la sentencia es lo bastante explícita y deja abierta la vía a dos opciones: la readmisión o la indemnización”. Pero, ante todo, ha señalado que “el fallo judicial está cargado de argumentos que podrían certificar la nulidad de un procedimiento al asegurar que se actuó con mala fe y que los despidos se hicieron de forma arbitraria, sin criterio, sin tener en cuenta su formación, sin cualificación, ni antigüedad y sin tener en cuenta su experiencia”.
“El TSJA -añadió- ha tumbado el ERE por arbitrario y eso supone que se ha reconocido que todos los argumentos esgrimidos por los trabajadores, los sindicatos y los partidos de la oposición tenían un sustento real y que era una decisión que carecía de la más mínima objetividad y razón de ser. Pero no sólo lo dice el TSJA, sino que el informe de la Inspección de Trabajo de septiembre de 2012 dejó claro que faltaba documentación que acreditara la aplicación objetiva de los criterios del ERE”. Por ello, ha lamentado que el PP y la alcaldesa, “en lugar de de dar marcha atrás ante la contundencia del fallo del TSJA, readmitir a los trabajadores y buscar soluciones desde el diálogo y el consenso, anuncie que van a seguir adelante con el ERE y que no van a readmitir a los trabajadores”.
Alconchel ha denunciado, además, que el Gobierno municipal “busque excusas y justifique con mentiras el coste de las indemnizaciones, algo que no debe tener muy claro cuando, incluso, ha pedido al TSJA una aclaración sobre la sentencia y ha presentado un recurso”. En este sentido, ha reiterado que “desde un principio, nos hemos mostrado en contra de que se destine dinero público a indemnizaciones, porque el dinero de los ciudadanos no se derrocha a capricho arbitrario del PP”.
“Con dinero público -denunció- el Gobierno del PP y de la señora Pelayo ha llevado a cabo una actuación no ajustada a derecho, un ajuste de cuentas con la plantilla, poniendo en la calle a quien le ha dado la gana. Con dinero público se ha disfrazado esta artimaña y se ha pagado con el dinero de todos los jerezanos a empresas externas para aplicar un ERE”.
De hecho, Alconchel ha explicado que se ha destinado casi 55.000 euros a Deloitte por el ERE, casi 64.000 a una consultoría por el plan de recolocación y casi 6.000 mil por el informe pericial, a lo que hay que sumar lo que costará la defensa jurídica que, según las consultas realizadas por el Grupo Municipal Socialista, podrían elevarse a un cuarto de millón de euros.
Al coste económico, Alconchel dijo que hay que añadir la repercusión que ha tenido en la prestación de servicios públicos por la falta de personal. “Los jerezanos han seguido pagando sus impuestos, pero no han podido disfrutar de los servicios públicos, porque el personal que los prestaba estaba en la calle. Y ahora le van a pedir también a los jerezanos que paguen las millonarias indemnizaciones, cuando un tribunal ha dicho claramente que se trata de unos despidos arbitrarios”, aseguró.
La edil socialista recordó que “el PP aplicó el ERE con la excusa de que no podía pagar las nóminas de toda la plantilla, cuando ha quedado demostrado que los 260 despidos no han servido para nada y lo que dicen que han ahorrado lo están gastando en subidas de sueldo a unos pocos privilegiados con la RPT”. De hecho, explicó que “si se analiza el Capítulo I de gastos del Presupuesto de 2012 y lo comparamos con el Presupuesto de 2013, nos encontramos que la RPT ha supuesto un incremento de las retribuciones de un gran número de empleados y ello se demuestra en que la aplicación de la eliminación de los pluses del convenio suponía un importe de 15,8, lo que sumado a la reducción de 10,3 millones por el ERE, supondría una reducción de 26,1 millones y finalmente se ha quedado en una reducción de gastos de personal del Ayuntamiento de 14,4 millones, lo que quiere decir que la RPT ha supuesto una subida de retribuciones de alrededor de 12 millones de euros. Todo ello, teniendo en cuenta que ha habido empleados municipales que han visto reducidas sus retribuciones, la cuantía de incrementos retributivos es aún superior a los 12 millones de euros”.
Por lo tanto, afirmó que el ERE “no ha supuesto una medida de ahorro ni ha servido para nada, porque se sigue pagando tarde las nóminas de la plantilla municipal y continúan los impagos a las empresas concesionarias de servicios públicos”. Abundando en las críticas al PP, Alconchel insistió en que “las medidas estrellas de la señora Pelayo, contempladas en su plan de ajuste, han sido en vano. Ni los despidos van a servir para nada ni la venta del agua va a reportar beneficios al Ayuntamiento, salvo a la empresa adjudicataria que ha reconocido que va a obtener un margen de beneficios de 900 millones de euros”.
Por todo ello, Alconchel pidió la dimisión de la alcaldesa “por el caos que ha provocado” y le emplazó a aplicar a legalidad “desde el diálogo y el consenso, no desde la sed de venganza, la soberbia y la prepotencia”.
Por otro lado, Miriam Alconchel ha acusado al Gobierno municipal de “dejación de sus funciones” en la organización de la Semana Santa, donde se han detectado fallos importantes en la limpieza, la vigilancia y seguridad del dispositivo de la carrera oficial. “El Gobierno municipal se ha quitado de en medio y ha dejado en manos de las hermandades la organización de la Semana Santa, cuando es su competencia”, aseguró. “El Gobierno del PP -concluyó- vuelve a poner de manifiesto su incompetencia y su ineficacia en la organización de una de las fiestas más importantes de esta ciudad, que no sólo es un escaparate para el turismo sino que contribuye a crear empleo”.
