La Guardia Civil de la Comandancia de Sevilla, en ejecución de un Plan dirigido a luchar contra el Contrabando y el Comercio Ilícito de Labores de Tabaco en la provincia, realizó el año pasado 357 inspecciones a diferentes establecimientos públicos susceptibles de comerciar con estas labores que se saldó con la incautación de un total de 547.746 cajetillas.
Según informa el Instituto Armado en un comunicado, como resultado de las actuaciones se han interpuesto 366 denuncias, la mayor parte por infracción a la normativa del mercado de tabaco, habiéndose intervenido más de 95.000 cajetillas en los distintos establecimientos. Del mismo modo se han desarrollado varias investigaciones por delitos de contrabando de tabaco, a resulta de las cuales se han incautado más de 452.000 cajetillas.
También se han intervenido cerca de 400.000 euros, 25 vehículos y 16 armas, de las que siete eran de fuego; así como otros efectos como aparatos de televisión, Ipads, ordenadores, cámaras fotográficas y 60 décimos de loterías.
Como presuntos responsables de los hechos delictivos señalados, la Guardia Civil de Sevilla ha detenido a un total de 15 personas e imputado a otras dos.
Durante las investigaciones desarrolladas llamó la atención de los agentes el nivel de vida de los implicados en estos delitos, quienes hacían uso de vehículos de alta gama, algunos valorados en cerca de 80.000 euros, y tenían en sus casas prendas de vestir y mobiliario cuyo precio en el mercado "no está al alcance de la mayoría de los españoles".
En una nota de prensa, la Guardia Civil señala que sorprendió comprobar que en una coyuntura en la que la situación económica empuja a muchas familias a vender sus joyas para conseguir algunos ingresos con los que subsistir, alguno de los implicados en estos hechos participaba en subastas precisamente para adquirir estas joyas, llegándose a gastar en alguna ocasión más de 3.000 euros.
Las labores de tabaco intervenidas han sido remitidas a los laboratorios habilitados para determinar si su composición pudiera sobrepasar los límites sanitarios establecidos legalmente, dando así lugar a posibles delitos contra la salud pública.
