La Comisión Europea (CE) ha reclamado a los Gobiernos español y británico que cooperen para gestionar y proteger la biodiversidad marina de las aguas en torno a Gibraltar, cuya soberanía se disputan ambos países.
"La Comisión ha solicitado a ambos países que cooperen en cuestiones de gestión y protección necesarias" para proteger la biodiversidad marina de las aguas en torno a Gibraltar, han explicado a Europa Press fuentes comunitarias.
Bruselas es consciente de que "las aguas marinas de Gibraltar son objeto de una larga disputa territorial entre Reino Unido y España" dado que "ambos defienden su soberanía" en torno a ellas, pero justifica la necesidad de que cooperen porque ambos "reconocen la importancia de estas aguas marinas para la protección de las especies y hábitats cuya conservación preocupa a la UE", han explicado las fuentes.
"En vistas de sus compromisos bajo la directiva hábitats de protegerlas, la Comisión ha solicitado a ambos países que cooperen en cuestiones sobre gestión y protección necesarias para lograr esto", han precisado fuentes del Ejecutivo comunitario.
Las hasta tres millas náuticas que Gibraltar y Reino Unido reclaman como mar territorial, pero que España no les reconoce, forman parte hoy por hoy de dos hábitat marítimos merecedores de protección medioambiental como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que la Comisión Europea reconoce tanto a España como a Reino Unido, aunque bajo nombres distintos.
Bruselas reconoció primero la zona marítima 'Aguas del Sur de Gibraltar' como Lugar de Importancia Comunitaria a Reino Unido y con posterioridad la designación 'Estrecho Oriental' a España.
Gibraltar ya ha designado las aguas en torno al Peñón como "Área de Conservación Especial" (ACS), un paso posterior a tener reconocido un lugar como LIC y que España también estudia dar en relación con su LIC 'Estrecho Oriental'.
"La Comisión espera que las autoridades españolas igualmente designen su lugar marítimo 'Estrecho Oriental' como un Área de Conservación Especial en el futuro próximo", han explicado a Europa Press fuentes comunitarias.
Los Estados miembros tienen seis años de plazo para designar los lugares como Áreas de Conservación Especial y aprobar las medidas de conservación necesarias para las zonas, han precisado las fuentes.
