El juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla celebra el jueves de esta semana un juicio derivado de la demanda promovida contra el grupo energético Endesa, por una de las familias que ocupan de forma irregular un bloque de viviendas de renta libre ubicado en la avenida de las Juventudes Musicales, en el entorno de la glorieta de San Lázaro. A través de esta demanda, esta familia reclama que le sea restituido el suministro de electricidad de manera cautelar hasta que sea resuelto si efectivamente tiene derecho o no a gozar de abastecimiento energético en esta vivienda en cuestión.
En concreto, y según han informado a Europa Press fuentes del caso, el juicio se celebrará a las 9,15 horas del jueves 26 de julio en el juzgado de Primera Instancia número once. La vista oral está destinada a resolver la demanda por 'interdicto' promovida por una de estas familias contra la decisión del grupo energético Endesa de suspender el abastecimiento de electricidad a las viviendas de este edificio. La figura legal del 'interdicto', como han precisado las citadas fuentes, está destinada a la protección de una propiedad, servicio o condición aunque sin resolver sobre el derecho o no a tales cosas, pues sería otro procedimiento el que habría de determinar tal aspecto.
Hasta el momento, primero el pleno corporativo del Ayuntamiento de Sevilla, y luego el pleno de la junta municipal del distrito Macarena, han rechazado sendas propuestas defendidas por IU-CA para que el Consistorio hispalense gestione la restitución del suministro de agua y electricidad en este edificio de viviendas de renta libre que ocupan desde hace semanas 36 familias con dificultades económicas.
La moción debatida en el último pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla, apoyada por IU-CA y el PSOE pero rechazada a cuenta de la mayoría absoluta de la que goza el PP, señalaba que la "voluntad" de estas familias es regularizar la contratación y los pagos del agua y la electricidad, reprochando al Ayuntamiento su oposición en este aspecto. La propuesta reclamaba que el pleno mostrase su apoyo a este colectivo de familias y que el Ayuntamiento adoptase "las medidas necesarias" para que las viviendas en cuestión gozasen de suministro de agua y electricidad, al menos de "manera provisional, hasta en tanto no se dirima el conflicto jurídico que pudiera derivarse de la ocupación del inmueble".
