Así, el concejal socialista Antonio Muñoz ha expuesto en rueda de prensa su respaldo a la huelga que se celebrará este jueves, dejando claro que el PSOE municipal "irá a la huelga y participará en la manifestación". Además, los trabajadores eventuales que forman parte del grupo municipal también han decidido hacer huelga de modo personal.
En este sentido, Muñoz explica que el dinero que les deberían detraer a los concejales por no acudir a su puesto ese día se destinará a una organización no gubernamental (ONG) que trabaja en el Cuerno de África contra la Hambruna. Recuerda que en Pleno se aprobó en verano un programa de apoyo urgente a esta zona, a propuesta del PSOE, pero que el gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) "no ha hecho nada".
Por su parte, Torrijos ha confirmado que su grupo municipal secundará al completo la huelga general, tal y como ya comunicó por escrito al propio alcalde la pasada semana. "Participaremos en el paro e iremos a los piquetes sin alharacas ni eufemismos, como siempre hemos hecho en Izquierda Unida", ha señalado.
Además, Torrijos se ha felicitado por la decisión de los concejales del PSOE de no desarrollar tampoco ese día sus funciones institucionales, "al contrario de lo que ocurrió en la huelga general de septiembre de 2010, cuando los ediles de Izquierda Unida fueron los únicos que estuvieron coherentemente al lado de los trabajadores". "Les damos la bienvenida, pero nos hubiera gustado que los diputados del PSOE en el Congreso también hubiesen mantenido la misma posición, algo que no entendemos", ha aseverado.
En este marco, IU entiende que la reforma laboral constituye "una pérdida de derechos laborales sin precedentes en este país", e insta al gobierno municipal a exigir al Gobierno de España la "retirada inmediata" del Real Decreto Ley 3/2012 de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral.
Además, pide instar al gobierno municipal a la no aplicación de la disposición adicional segunda en ningún organismo, empresas o patronato dependiente de este Ayuntamiento, en cuanto a la aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público se refiere. Por último, apuesta por apoyar cuantas movilizaciones realicen los trabajadores hasta la retirada del Real Decreto Ley.
