El responsable del área económica del PP-A, Rafael Carmona, ha señalado en rueda de prensa que si desde el gobierno de la Junta lo sabían y no lo denuncian son "cómplices", porque "lo que nadie duda es que hubo una reunión para revisar los expedientes".
Ha señalado que si a Griñán le parece mal "tendrá que cesar o abrir expedientes" a los implicados y le ha instado a que aclare si en la reunión de noviembre de 2010 estuvieron presentes el consejero de Empleo, Manuel Recio, y el viceconsejero, Justo Mañas.
Carmona considera que lo "escandaloso" no es denunciar este hecho, sino "que se citen un fin de semana a escondidas a revisar los expedientes y a romper lo que no les interesa que se conozca", por lo que considera que "tienen que dar explicaciones" porque hay "muchos indicios" que hacen "indiscutible" que ese día se produjo un encuentro en la Consejería.
Ha indicado que estos datos "están en los pasillos de la Junta", por lo que se ha preguntado si el presidente andaluz sabía que hubo esta reunión, ya que si no lo conocía no entiende por qué no se destituye a los responsables.
La Junta de Andalucía anunció ayer que emprenderá acciones judiciales contra el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, que dijo que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, pudo dar instrucciones para la destrucción de documentos oficiales relacionados con los ERE fraudulentos.
Por otra parte, Carmona ha denunciado que en Invercaria, la sociedad de capital riesgo participada mayoritariamente por la Junta y que los populares vinculan con otro "fondo de reptiles", se utilizó durante 2009 una tarjeta de crédito para uso particular por un total de 25.000 euros, según el informe de la Cámara de Cuentas.
El popular ha preguntado si ese mismo procedimiento se habrá llevado a cabo anualmente desde 2005 hasta 2011, con el uso de las tarjetas para gastos injustificables, dejando en el aire si se gastó el dinero en restaurantes de la Costa del Sol de Málaga.
"Por lo que nosotros sabemos son gastos que no se pueden conocer", ha apuntado Carmona, quien también ha preguntado si se ha pedido la devolución del dinero a quien usó "indiscriminadamente" las tarjetas.
Ha denunciado una "ausencia total de procedimiento" en Invercaria, ya que se autoriza a su responsable máximo a disponer de hasta 450.000 euros para invertir "sin dar cuentas a nadie", por lo que se han otorgado ayudas a empresas "sin que ningún documento lo avale", con casos en los que incluso no había ni petición de la compañía, ha dicho.
"De los cincuenta millones que se habían invertido no se va a recuperar casi nada", ha añadido Carmona, quien ha criticado que ningún responsable dé explicaciones a las denuncias de su formación y que "se estén escondiendo detrás de notas de prensa".
"No es más que un tercer fondo de reptiles", ya que el dinero se transfería desde la Consejería de Innovación al IDEA y desde ahí a Invercaria, donde se invertía "sin ningún tipo de control ni procedimiento", ha manifestado.
