Pero cinco de ellos fueron condenados por la propia Universidad, que decidió expulsarlos durante cinco años. Esas expulsiones “fue lo justo en ese momento”, declaró ayer el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Luque, que no ocupaba el cargo en 2002.
“Los plazos son importantes”, explicó Luque, en referencia a la rapidez con la que actuó la Universidad frente a la lentitud de la Justicia, que ha tardado nueve años y medio en juzgar los hechos. Pero los abogados de los cinco expulsados ya plantearon durante el juicio sus dudas sobre la decisión de la Universidad. “¿Por qué se expulsa sólo a cinco si hay 24 imputados?”, se preguntaba uno de los letrados.
Desde el entorno de los procesados creen que se trató de “cortar cabezas”, puesto que los cinco expulsados eran la cabeza más visible del movimientos antiLou, ya que actuaban como portavoces de los estudiantes.
Denuncia a la Hispalense
Por su parte, los abogados de los expulsados anunciaron su intención de emprender acciones legales contra la Universidad por los perjuicios sufridos por las expulsiones. “A mi me hicieron devolver hasta el dinero de dos años de beca, cuando lo había aprobado todo”, explicaba uno de los expulsados, Manuel Bernabé.
Otro de los expulsados, que prefiere no dar su nombre, recuerda que estaba en el último año de carrera. “Intenté terminarla en Málaga pero no me aceptaron porque en mi expediente constaba la expulsión”, explicó.
