La teniente fiscal del Tribunal Supremo cree que no hay motivos para imputar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un delito de revelación de secretos por la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
María Ángeles Sánchez Conde, número dos de la Fiscalía General, ha presentado este lunes su informe en el Supremo sobre la posible apertura de una causa penal a García Ortiz, como solicita la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El empresario González Amador, investigado por presunto fraude fiscal en un juzgado de Madrid, presentó una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra dos fiscales por la difusión de datos a medios de comunicación sobre su procedimiento.
Tras investigarlo y asumir García Ortiz su responsabilidad, el TSJM envió la causa al Supremo por si había indicios contra él, algo que rechaza de plano la teniente fiscal, que defiende que los hechos no son constitutivos de delito y pide el archivo porque "la nota de prensa no perjudicaba ni a un tercero ni a un interés colectivo".
Explica que "ante el interés general" suscitado por la opinión pública, "la nota de prensa emitida por la Fiscalía se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, los infundios publicados" por tres medios de comunicación "así como por el Jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid", Miguel Ángel Rodríguez, en lo que ha calificado como "una campaña periodística orquestada para poner en entredicho la actuación de la Fiscalía".
Porque algunas informaciones "faltaban clamorosamente a la verdad y confundían a la ciudadanía poniendo de manifiesto unas actitudes por parte de la Fiscalía incompatibles con sus misiones constitucionales y de defensa de la legalidad".
Destaca que las primeras informaciones indicaban "fuentes próximas a la defensa" como el origen de la información sobre un pacto entre el fiscal del caso y la defensa de la pareja de Ayuso, lo que excluye la participación de la Fiscalía y sitúa el origen de la filtración en el entorno de la defensa de González Amador, "que sorprendentemente no ha sido objeto de investigación" por el TSJM.
Considera que "todos los datos que se dicen revelados por esa nota informativa eran, en realidad, datos de público conocimiento" puesto que "ya habían sido publicados en diversos medios de comunicación".
Por tanto "nos encontramos ante una conducta inocua, carente de antijuricidad material, dada su nula lesividad" ya que "la nota informativa no resultaba idónea para generar daño alguno a la causa pública ni perjuicio al interesado".
Además, destaca "la reacción virulenta" contra la fiscal Jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, que "unido a la falsedad tanto de algunas publicaciones periodísticas como de manifestaciones realizadas desde el entorno de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, hizo imprescindible" la difusión de la nota de prensa.
Todo ello para proporcionar "a la ciudadanía información veraz, una información que no revelaba ningún dato que no fuere ya conocido por la opinión pública (...) y que no generaba ninguna vulneración del derecho de defensa de González Amador".
Aunque está por ver qué ocurrirá con la decisión del alto tribunal, fuentes jurídicas consultadas por EFE dudan de que García Ortiz dimita si le imputan; al contrario, defenderá su actuación una vez que ya ha admitido públicamente ser quien ordenó la publicación de una nota de prensa.
