Un informe del Tribunal de Cuentas constata que los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes con un elevado nivel de deuda viva por habitante o superior al 110 % de sus ingresos corrientes no logran revertir su difícil situación financiera a pesar de las medidas de apoyo financiero del Estado.
Este informe, hecho público este jueves, analiza la situación financiera en los años 2020 y 2021 de cuatro ayuntamientos con esas características: Algeciras, Jerez, Jaén y Parla, en el sur del área metropolitana de Madrid.
Las cuatro recibieron 859 millones de euros entre 2015 y 2021 procedentes de préstamos con cargo al Fondo de Ordenación, unas ayudas dirigidas a ayuntamientos en situación financiera negativa que, para acogerse, deben elaborar planes de ajuste.
En concreto, el Ayuntamiento de Jerez recibió 432 millones de euros, el de Jaén 229, el de Algeciras 105 y el de Parla 92 millones.
Si estos cuatro municipios fueron, entre los de más de 100.000 habitantes, los que dispusieron entre 2015 y 2021 del mayor volumen de recursos procedentes del Fondo de Ordenación fue, entre otras cuestiones, por sus altas cifras de endeudamiento financiero por habitante, que en Jaén alcanzó en 2021 los 4.427 euros, en Jerez 4.140 euros, en Parla 2.652 euros y en Algeciras 1.775 euros.
Por lo que respecta al endeudamiento total, el Ayuntamiento de Jerez acumulaba ese año 1.054 millones de euros, el de Parla 613 millones, el de Jaén 604 y el de Algeciras 276 millones de euros.
El endeudamiento financiero sobre ingresos corrientes se situó en 2021 en Jaén en el 465%, en Parla en el 435%, en Jerez en el 421% y en Algeciras en el 202%.
El Tribunal de Cuentas concluye que “los ayuntamientos fiscalizados, con carácter general, no han adoptado las medidas necesarias y no han alcanzado los ahorros previstos en los planes de ajuste, especialmente en los últimos ejercicios analizados, lo que ha llevado al incumplimiento de los objetivos planificados y al empeoramiento de las magnitudes representativas de su situación financiera”.
Constata asimismo que, “pese a la situación de incumplimiento generalizado, el Ministerio de Hacienda y Función Pública no ha adoptado ninguna de las medidas para reconducir la situación” y sus requerimientos no fueron atendidos.
