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Pizarro reitera que la Administración no puede colaborar en una "ilegalidad manifiesta" como el peaje

Tras insistir en que no habrá colaboración institucional, ha advertido al alcalde popular que los problemas del municipio no pueden resolverse a través de una "ilegalidad tan clara y manifiesta"

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El consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, ha señalado que, pese a la "nueva formulación" por parte del alcalde de La Línea de la Concepción, Alejandro Sánchez (PP), las instituciones "no pueden participar ni colaborar" con una "ilegalidad manifiesta" como, en su opinión, es la tasa de congestión, conocida popularmente como el peaje a Gibraltar.

En rueda de prensa, Pizarro ha considerado que la nueva formulación es "un salto más al vacío" por parte del alcalde linense, que ahora ha indicado que la tasa de congestión que se pretende implementar tendrá carácter optativo y que requerirá la colaboración institucional de los gobiernos de España y la colonia británica.


Tras insistir en que no habrá colaboración institucional, Pizarro ha advertido al alcalde popular de que los problemas del municipio no pueden resolverse a través de una "ilegalidad tan clara y manifiesta como un peaje para entrar o salir a Gibraltar". En este sentido, ha abundado que la situación financiera del Ayuntamiento "no es culpa de los gibraltareños, de los linenses ni de los trabajadores", sino que los responsables son los últimos gobiernos de la localidad.

También ha advertido que "buscar la confrontación" con instituciones como el Gobierno central o la Junta de Andalucía "no es una buena vía para solucionar los problemas" y que el remedio tiene que venir de la mano de acuerdos y con la actuación "rigurosa" del Ayuntamiento para cumplir aquello que le requieren las administraciones para poder acudir a las líneas de crédito de entidades financiaras y a través de los acuerdos que pueda concretar con las instituciones que pueden colaborar desde el diálogo con el Consistorio.

En este punto, ha recordado los acuerdos alcanzados con la Junta de Andalucía para que el Ayuntamiento pudiera pagar a los trabajadores municipales lo que les debía, apostillando que "no habrían cobrado todavía" si tuvieran que haber esperado a la puesta en marcha del peaje.

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