Este acuerdo es, para Ruiz Boix, contrario a la legalidad en el sentido de que Palma, como alcalde, sólo tendría potestad para asumir compromisos de esta índole que no superen los cuatro años de duración.
Además, para el secretario de los socialistas sanroqueños, este acuerdo supone una discriminación de otros colectivos de índole social necesitados de subvenciones, en campos como la lucha contra la droga, por lo que el socialista se pregunta "qué interés personal" puede tener Palma en favorecer a la protectora.
