La coordinadora provincial de IU en la provincia de Almería, María Jesús Amate, ha pedido al Ayuntamiento de Níjar que "paralice cualquier tipo de procedimiento administrativo" orientado al desalojo de los asentamientos de trabajadores migrantes, como el de El Walili o Los Nietos, "hasta que no se garantice soluciones habitacionales a las cientos de personas que allí viven", sentido en el que ha acusado al Consistorio de "anteponer la estética a los derechos humanos" pese a que con ello "causaría un daño irreparable a la imagen de Níjar en foros nacionales e internacionales".
"Desalojarlos a las bravas, sin soluciones alternativas, sin mediar en su situación administrativa, solo va a trasladar unos kilómetros arriba o abajo el problema a la par que veremos imágenes que no tienen cabida en una sociedad democrática de derecho del siglo XXI", ha indicado en una nota Amate.
La representante de IU ha valorado el trabajo "de meses" efectuado desde su organización para que la Unión Europea "tome cartas en el asunto", con visitas con europarlamentarios a los asentamientos "hasta lo último, hace tan solo unas semanas", cuando acudieron a Bruselas "tratando en la Comisión Europea la situación de extrema pobreza de trabajadores migrantes en Almería y Huelva".
Para Amate, "el problema se tienen que atajar de forma trasversal y con perspectiva humana", sentido en el que además ha criticado las "cajoneras habitacionales que está preparando el Ayuntamiento de Níjar" porque "además de escasas, insuficientes y temporales, no se muestran como una solución" al exigir para su ocupación "el pago por nómina".
Esta condición "deja fuera a la gran mayoría de los habitantes de los asentamientos, situación que conoce sobradamente la corporación nijareña y que vuelve a demostrar la falta de sensibilidad y empatía con quienes llevan conviviendo y trabajando tanto tiempo", ha dicho.
Para la coordinadora de IU, la solución pasa "obligatoriamente" por una actuación amplia coordinada "desde Bruselas hasta Níjar, pasando por el Estado y la Junta de Andalucía" y "sin perder de vista que hablamos de personas que llevan viviendo y trabajando en nuestra provincia más de una década, en algunos casos, que están una situación de extrema vulnerabilidad y que hay menores afectados de una forma directa".
"A nadie le gustan esos asentamientos, en primer lugar a quienes lo sufren día a día y viven sin servicios básicos y con la continua incertidumbre de un incendio o un desalojo, y nuestra obligación como sociedad es darles una respuesta estable y humana", ha finalizado.
