El edil no adscrito y exdelegado de Infraestructutras del Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, y los 12 empresarios detenidos por la Policía Nacional se han acogido este lunes a su derecho a no declarar y han quedado en libertad con cargos, pendientes de que las diligencias pasen al Juzgado de Instrucción número 4 de la capital que lleva la causa por las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos de obras de la citada Delegación en este mandato.
Según han detallado a Europa Press fuentes cercanas al caso, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han tomado declaración a los citados, inicialmente como investigados y en comisaría en calidad de detenidos, todo ello en un caso en el que ya están investigados judicialmente la excoordinadora general de Infraestructuras y un técnico municipal.
Al respecto, desde la UDEF, de reciente creación en la comisaría provincial, hace menos de un año, impulsándola el comisario principal actual, Carlos Serra, investigan la supuesta comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, así como pertenencia a grupo criminal. La operación policial sigue abierta, según apuntan las fuentes.
El propio Dorado ya declaró en calidad de testigo en mayo de este año ante el juez del caso, José Luis Rodríguez Lainz, y manifestó al salir del juzgado que "todo es legal" y "no hay nada" en cuanto a la adjudicación de contratos menores de obras en dicha área en 2020, al tiempo que aseveró que "todos los expedientes están completos" y que "todo se ha hecho conforme a los procedimientos legales", enfatizó Dorado.
Además, esperaba que fuera ya "la recta final y un cambio de ciclo, porque todavía hay cosas en la justicia pendiente", tras denunciar él una segunda causa, que lleva el Juzgado de Instrucción número 2, de modo que dijo que "habrá que ver qué pasa también, porque está habiendo unos movimientos muy extraños en el Consistorio" con respecto a dicha denuncia que él interpuso ante la Fiscalía de cara a ampliar la investigación de contratos de Infraestructuras hasta el año 2012.
Junto a David Dorado también declararon dos responsables más del área de Infraestructuras en calidad de testigos. La Fiscalía, tras la denuncia inicial, halló indicios de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación de varias obras, así como la supuesta comisión de un delito de malversación de caudales públicos.
SIN COMPETENCIAS
En concreto, el gobierno local de PP y Cs retiró a Dorado todas sus responsabilidades de gobierno, en el que también tenía las competencias de Sostenibilidad y Medio Ambiente, todo ello a final de noviembre de 2021 tras la situación generada por el caso abierto en los juzgados sobre los contratos de Infraestructuras y el escrito del fiscal, a la vez que se cesó a la coordinadora general de Infraestructuras.
Desde el gobierno local argumentaron que "como el foco está puesto en una Delegación que es de su responsabilidad se ha entendido que en aras de la transparencia es mejor que David Dorado se retire de esa Delegación para que todo pueda seguir transcurriendo de la mejor forma posible".
Días después, el alcalde, José María Bellido, anunció que el concejal Antonio Álvarez (Cs) asumía la Delegación de Infraestructuras, mientras que David Dorado seguiría siendo edil de Cs y viceportavoz del grupo, pero sin Delegación, todo ello dentro de la remodelación de gobierno, en exclusiva de las áreas de la formación naranja.
El regidor explicó que Dorado no ostentará ninguna responsabilidad de gobierno "por cuestión de ejemplaridad y absoluta transparencia" mientras se instruye la investigación en los juzgados, donde "Dorado no está imputado, ni señalado" en el informe de la Fiscalía, apuntó Bellido en aquel momento.
EL PASE AL GRUPO DE NO ADSCRITOS
Sin embargo, en agosto de este año el edil anunció que renunciaba a seguir en el grupo de Cs, del que fue portavoz desde finales del año 2021, después de quedar apartado de sus competencias al frente de Infraestructuras. Con su decisión, el gobierno municipal se ha quedado con 13 concejales y la oposición con 16 --ocho PSOE, tres IU, dos Vox, dos Podemos y David Dorado--.
En una comunicación a través de redes sociales, Dorado, quien dijo que pasaba al grupo de no adscritos, defendió que renunciaba "para continuar investigando, colaborando con la justicia y hablando, como concejal, sobre el presunto mayor caso de corrupción del Consistorio", al tiempo que declaró que el alcalde "debe dimitir" y que su partido no cuente con él en la ejecutiva nacional.
Así, advirtió de "los obstáculos puestos por el entorno del alcalde" para "la apertura de una investigación interna de un presunto caso de corrupción en la adjudicación de contratos relacionados con el alumbrado público en el Ayuntamiento entre los años 2012 y 2020".
EL INICIO
La causa la denunció en primera instancia en febrero de 2021 el grupo de IU, de la mano de Amparo Pernichi, y meses más tarde terminó formando parte de una demanda judicial conjunta con Podemos.
Mientras, por encargo del alcalde, el titular de la asesoría jurídica municipal realizó un informe sobre contratos menores de la Delegación de Infraestructuras en 2020, que engrosó la información que la Fiscalía Anticorrupción valoró considerando que había en los hechos narrados indicios de posibles delitos. Todo ello lo investiga el Juzgado de Instrucción número 4.
Por su parte, David Dorado elevó la segunda denuncia sobre contratos de dicha área de años anteriores. Así, explicó que había "tenido conocimiento, a través de las pertinentes comunicaciones y quejas de empresas licitadoras y no adjudicatarias", de la existencia "de posibles irregularidades en las licitaciones de obras que el Ayuntamiento de Córdoba había realizado en los últimos cinco años sobre sustitución de luminarias de alumbrado publico de Córdoba, y remodelación de nuevas calles que llevan incorporado nuevo alumbrado".
Igualmente, Dorado indicó en su denuncia "que estás empresas manifestaban la imposibilidad de acceder a la posible adjudicación debido a los términos de redacción de los proyectos", que "han hecho inviable, desde el punto de vista económico, acceder de manera real y desde un punto de vista objetivo a ofertas competitivas que les permitieran ser adjudicatarias de las mismas".
Además, "en escritos y documentación aportada posteriormente se indican igualmente irregularidades en los expedientes administrativos iniciados para la contratación y adjudicación con el fin de proceder a la sustitución, instalación y mantenimiento de cuadros de mando".
Ante ello y "tras la práctica de diversas diligencias de investigación y el examen de numerosos expedientes administrativos de contratación tramitados para la instalación de luminarias y de cuadros de mando", la Fiscalía acordó este verano formular denuncia ante el Juzgado Decano por los hechos denunciados e investigados, "al considerar que existen indicios de que los mismos pudieran ser constitutivos de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y otros que puedan determinarse tras la investigación que se lleve a cabo".
Igualmente, el Ministerio Público solicitó que desde el Juzgado de Instrucción que por turno le corresponda --el número 2--, "que se continúen practicando diversas diligencias de investigación, entre ellas que se oiga en declaración como investigados a un funcionario" del Ayuntamiento y a otras personas ajenas a la Corporación municipal.
