Aunque la Audiencia Nacional no ha podido aplicar la agravante de reincidencia a Otegi, para quien la Fiscalía solicitaba 18 meses de cárcel, estima que al acusado le ha “costado asumir” el contenido de la anterior sentencia, que le condenó a 15 meses de prisión por intervenir en diciembre de 2003 en Arrigorriaga en un acto en recuerdo del dirigente etarra José Miguel Beñarain, Argala.
“Resulta evidente a todas luces que esta persona se prodiga de manera reiterada en este tipo de actos, lo que por otro lado es algo que resulta público y notorio, resultando ser un destacado líder en estas lides”, subraya la sección cuarta de la Sala de lo Penal de este tribunal, presidida por la magistrada Ángela Murillo.
La sentencia considera probado que Otegi acudió al homenaje al preso etarra José María Sagarduy en Amorebieta (Vizcaya) el 9 de julio de 2005, “concurrencia que carece inicialmente de trascendencia penal”.
Durante el acto, prosigue el fallo, vertió un discurso como portavoz de Batasuna en principio “no censurable”, pues se refirió al alcance de los “objetivos ansiados (reconocimiento de la territorialidad y autodeterminación) mediante la utilización de la sensatez, la inteligencia y la prudencia política”.
Sin embargo, al término de su intervención fue cuando Otegi incurrió, en opinión del tribunal, en un delito de enaltecimiento, pues afirmó que dichos objetivos “se lo debemos a los presos políticos vascos, refugiados y tantos camaradas que hemos dejado en la lucha y lo conseguiremos”.
A ello añade que durante el juicio oral, celebrado entre los pasados 27 y 29 de enero, Otegi admitió haber participado en el acto por deseo de los familiares de Sagarduy y con el objetivo de apelar a una “negociación pacífica, política y democrática” pero, destaca el tribunal, no desmintió a preguntas de su defensa “en ningún momento” las frases que “conducen a su condena”.
Por estos hechos, la Audiencia Nacional también ha impuesto a Otegi la pena de 16 años de inhabilitación absoluta, que le impedirá desempeñar cargos públicos o presentarse a las elecciones, aunque le absuelve de los delitos de asociación y reunión ilícitas que le imputaban las acusaciones populares ejercidas por el Foro Ermua y Dignidad y Justicia.
Las otras dos personas que se sentaron en el banquillo junto al ex portavoz de Batasuna, la ex presa etarra Itziar Galardi y Josune Irakulis, han resultado absueltas.
