La aprobación del decreto ley que persigue la equiparación de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las empleadas de hogar a las del resto de empleados por cuenta ajena atiende una vieja aspiración de colectivos como Cáritas Diocesana, que venían reclamando derechos básicos para un sector tradicionalmente asociado a la economía sumergida.
Tanto es así que el coordinador de Empleo y Economía Social de Cáritas de Asidonia-Jerez, José Manuel Jiménez, cree posible que a partir de ahora se regularice la situación de muchas personas que no están dadas de alta en la Seguridad Social.
Consciente de que “la picaresca siempre va a existir”, no oculta que la medida aprobada por el Gobierno “puede incentivar” las contrataciones porque se ofrecen garantías “tanto al empleador como al empleado”.
No en vano, debe tenerse en cuenta que “a estas personas se les confía el cuidado de niños y personas mayores y la propia intimidad del hogar”, por lo que “aunque pareca un gasto mayor” para el contratante, también se gana “en tranquilidad” para todas las partes, porque “en una casa pueden ocurrir muchas cosas”.
A la espera de lo que pueda ocurrir en adelante, lo importante es que “se ha creado un derecho” y a partir de ahí “la gente se irá enganchando”.
Cáritas de Asidonia-Jerez intermedia anualmente en “unas 80 ofertas” de trabajo relacionadas con el empleo doméstico.
La experiencia dice que es más fácil que se regularicen estas contrataciones cuando se requiere de personal interno.
De hecho, aproximadamente el 75 por ciento de los empleadores que se dirigen a Cáritas buscan trabajadoras internas.
En esos casos, el 70 por ciento accede al empleo con contrato de trabajo y Seguridad Social, siendo la mayoría extranjeras con papeles.
Por el contrario, apenas un 40 por ciento de las trabajadoras externas tiene regularizada su situación.
Debe tenerse en cuenta además que para contratar legalmente a una empleada es preciso que su situación en España esté regularizada.
Más allá de que a Jiménez le parezca “estupendo” que se aprueben estas medidas, advierte de que lo importante a partir de ahora es que “se haga seguimiento de la ley”, porque “si los empleadores siguen manteniendo sin contrato a estas trabajadoras la mejora no se va a poder poner en valor”, de ahí que se haga necesario observar si en adelante se aprecia o no una evolución positiva en el número de empleadas de hogar afiliadas a la Seguridad Social.
El coordinador de Empleo y Economía Social de Cáritas de Asidonia-Jerez recuerda en cualquier caso que “hasta hace apenas veinte años” este trabajo “ni siquiera estaba regulado ni existía un contrato”, por lo que el sector ha dado “un paso importante” en los últimos tiempos, equiparándose al resto.
La organización dependiente de la Iglesia Católica recibe habitualmente ofertas de empleadores y cuenta con una bolsa de trabajo integrada por personas que ya están vinculadas a este sector y también por aquellas a las que de algún modo se orienta hacia el empleo doméstico atendiendo a sus características y en el marco de los itinerarios laborales que están siguiendo.
Cáritas funciona como mediadora entre las partes. “Nosotros siempre tratamos que se haga un contrato de trabajo y se regularice la situación de la empleada, pero que lo hagan o no ya depende de las partes”, apunta José Manuel Jiménez.
819 posibles beneficiarias en Jerez
En Jerez son 819 empleadas de hogar las que a día de hoy pueden beneficiarse del subsidio por desempleo aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros a través de un decreto ley que persigue la equiparación de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de esas personas a las del resto de empleados por cuenta ajena.
Según los últimos datos publicados –correspondientes al mes de julio-, Jerez tiene ahora 64.792 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, de los que apenas 819 están adscritos al régimen especial de empleadas de hogar.
El volumen de personas afiliadas a este régimen nunca ha sido especialmente llamativo en la ciudad.
El primer dato corresponde al mes de enero de 2003, cuando se contabilizaban 326 empleadas de hogar.
Hace justo una década, en agosto de 2022, se alcanzó la cifra de 967; y en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, había 843 empleadas de hogar dadas de alta.
Con este decreto ley se pone fin a la infravaloración histórica de un trabajo desempeñado mayoritariamente por mujeres, garantizándose la protección de la seguridad y salud de las personas al servicio del hogar familiar equivalente a la de cualquier otro trabajador.
Se proporciona también cobertura en el ámbito de la garantía salarial a las personas trabajadoras del servicio doméstico en los casos de insolvencia o concurso de las empleadoras.
Desde el 1 de octubre las empleadas del hogar cotizarán por desempleo y para el fondo de garantía salarial, lo que supondrá un aumento de la cuota de unos 4,49 euros al mes para retribuciones de 500 euros y de 31,38 euros para salarios de 1.166,70 euros, de acuerdo con los ejemplos de la Seguridad Social.
