La consellería de Educación de la Generalitat ha decidido asumir, a través de un decreto ley, la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y concertados catalanes, para proteger así a los directores de los colegios ante la sentencia del TSJC del 25 % de castellano y defender un modelo sin cuotas fijas.
Según el decreto, el catalán es el "centro de gravedad del servicio público educativo de Cataluña" y establece como criterio la "inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas", por lo que se rechaza el porcentaje uniforme de impartir el 25 % de materias en lengua castellana que marca el TSJC.
Según el Decreto Ley del catalán en los centros educativos, el departamento de Educación habrá evaluado previamente los proyectos lingüísticos, que deberá diseñar cada escuela e instituto en base a su realidad cultural y sociológica.
El Decreto Ley fija los criterios aplicables en la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.
El Govern ha aprobado el decreto este lunes, en una reunión extraordinaria con un único punto en el orden del día, ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir como mínimo el 25 % de materias en castellano en todos los colegios catalanes a partir del próximo 1 de junio.
En rueda de prensa tras la reunión, la portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha subrayado que el objetivo del decreto es "proteger a las direcciones de los centros y al modelo de escuela catalana de las injerencias judiciales".
El decreto defiende la "diversidad cultural y lingüística del alumnado", por lo que subraya que "la realidad heterogénea de los diferentes centros del sistema educativo de Cataluña imposibilita la aprobación de una regulación monolítica que imponga un tratamiento uniforme de las lenguas en todo el territorio".
Según el texto, "en primera instancia corresponde a cada centro efectuar el análisis de los factores sociales y culturales del entorno que deben servir de base para elaborar el proyecto lingüístico", aunque la consellería de Educación "debe validar y velar por garantizar que el proyecto lingüístico se ajusta a la legalidad".
Respecto a la validación de los proyectos lingüísticos, el decreto establece que, "sin perjuicio de la autonomía de los centros educativos", la consellería de Educación "debe validar, en un periodo no superior a 30 días que el proyecto lingüístico se adecua a la normativa vigente e instar su modificación en caso contrario".
Por ello, el proceso de validación por parte de la consellería demoraría hasta el próximo curso la aplicación de los planes lingüísticos.
En este sentido, el decreto reconoce que la "necesidad extraordinaria y urgente de aprobar este decreto ley radica en la exigencia de contar de forma inmediata y con la antelación suficiente con el marco normativo adecuado para poder preparar el próximo curso escolar 2022-23".
