El servicio de Inspección Urbanística de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha desmantelado un núcleo de 29 viviendas irregulares prefabricadas y de lujo vendidas a extranjeros que se asentaban en suelo rústico en el municipio de Sorbas (Almería) bajo la apariencia de "camping turístico".
La actuación de la Junta, que abrió un doble expediente sancionador a la empresa promotora, ha motivado la adopción de medidas de restauración de la legalidad por parte de la empresa promotora, que ha retirado 16 de las viviendas mientras que ha procedido a "legalizar" otras 13 como instalaciones fijas para alojamiento turístico mediante autorización municipal, pago de tasas y visto bueno de Turismo.
Los inspectores detectaron a través de anuncios en Internet la existencia de una actividad fraudulenta de venta e instalación de casas prefabricadas con uso residencial permanente en un campamento de turismo, según ha explicado la Administración autonómica en una nota.
Los anuncios estaban dirigidos a población extranjera "ofertándose mobile-homes" como "oportunidad para invertir en el extranjero en una casa de ensueño para residencia permanente o para pasar temporadas", según la publicidad emitida.
Consultada página web del camping, se comprobó que la empresa propietaria comercializaba las casas prefabricadas mediante el alquiler de una parcela concreta dentro del camping, prestando servicios de agua, electricidad, saneamiento y residuos, e incluso les ofrecía un seguro del hogar.
Así, se ofertaban estas "mobile-homes" de lujo, entre los 45.000 y 156.000 euros, que se vendían vinculadas a una parcela concreta, cobrándose también el alquiler de la parcela y los servicios. Además, la empresa se aseguraba la posibilidad de recompra de las casas.
"Todo apuntaba, por tanto, a que bajo la apariencia de un hipotético campamento turístico se estaban comercializando viviendas permanentes", ha determinado el Gobierno andaluz, desde donde se promovió una inspección a la zona.
Tras una visita al camping, en coordinación con la Inspección de Turismo, se comprobó la existencia de usos residenciales y se recabaron todos los contratos, identificándose a toda la población extranjera afectada.
La actuación ha motivado la instrucción de dos expedientes sancionadores por infracciones contra la ordenación del territorio, uno por la publicidad y otro por la implantación de usos residenciales no autorizados, así como un expediente de protección de la legalidad territorial para la eliminación de los usos residenciales por considerarse que estos inducen a la formación de un asentamiento ilegal en suelo rústico.
Todos los expedientes han sido puestos de manifiesto tanto a la empresa propietaria del camping como a los ciudadanos extranjeros identificados como propietarios de las casas prefabricadas instaladas.
La empresa propietaria del camping, tras las reuniones mantenidas entre su representante legal y el equipo de la inspección autonómica, se ha mostrado dispuesta a la restauración del daño causado, ha retirado la publicidad ilícita, así como se ha mostrado su intención de recomprar la mayoría de las casas prefabricadas, resarciendo a la población extranjera afectada.
Asimismo, la empresa ha dado cumplimento a las medidas de restauración de la legalidad indicadas, eliminando los usos residenciales retirando 16 casas y legalizando otras 13 como instalaciones fijas de alojamiento turístico con la oportuna autorización municipal previo pago de las tasas correspondientes y del visto bueno de los responsables de Turismo. Estas actuaciones de restablecimiento han permitido reducir las sanciones inicialmente propuestas.
Según se ha puesto de manifiesto en otras operaciones de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que dirige Marifrán Carazo, en la presente legislatura el Gobierno andaluz está reforzando e incrementando la labor inspectora para garantizar la ejecución de la disciplina urbanística, evitando la proliferación de edificaciones ilegales en el territorio en ejercicio de las competencias directas de disciplina territorial atribuidas por la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que permite a la Junta de Andalucía ejercer sus competencias de forma más eficaz.
