El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, declaró este lunes el estado de excepción por sesenta días en todo el territorio nacional ante el auge de la delincuencia y la inseguridad, y blindó a la fuerza pública (policías y militares) ante posibles demandas por ejercer sus funciones.
El presidente Lasso, mediante un decreto ejecutivo, declaró el "estado de excepción por grave conmoción interna", debido al "aumento de la actividad delictiva", especialmente en provincias donde las estadísticas advierten de un repunte del crimen.
El mandatario complementó su decisión también mediante un mensaje a la nación, en el que anunció la creación de un "comité de defensa legal de la fuerza pública" encargada de defender a policías o militares que puedan ser demandados por ciudadanos en el marco de acciones de seguridad.
La medida excepcional "tiene como finalidad controlar las circunstancias que se han generado, restablecer la conviven pacífica y el orden público", precisa el decreto ejecutivo.
La orden gubernamental tiene lugar en medio de una oleada de delitos, resonada por los medios de comunicación, que a diario informan sobre crímenes violentos, especialmente en la ciudad costera de Guayaquil y otras zonas vecinas.
