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Viernes 17/05/2024  

Andalucía

Fertiberia debe cesar los vertidos de fosfoyesos en diciembre de 2010

La Audiencia Nacional ha reducido dos años el plazo para el cese definitivo de fosfoyesos a la ría de Huelva por parte de Fertiberia, fijándolo finalmente en el 31 de diciembre de 2010 y no de 2012 y exige a la empresa un aval de 21,9 millones de euros que garantice la recuperación de la zona.

La Audiencia Nacional ha reducido dos años el plazo para el cese definitivo de fosfoyesos a la ría de Huelva por parte de Fertiberia, fijándolo finalmente en el 31 de diciembre de 2010 y no de 2012 y exige a la empresa un aval de 21,9 millones de euros que garantice la recuperación de la zona.

El auto de la Audiencia con fecha 18 de diciembre, al que tuvo acceso Efe, acuerda la ejecución de la sentencia de 27 de junio de 2007 de este mismo tribunal que consideraba caducada la concesión a Fertiberia para seguir depositando fosfoyesos en la marisma y la obligaba a cesar, y venía a ratificar la Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 27 de noviembre de 2003.

En el auto, se indica que en ejecución de la sentencia procede acordar entre otras medidas, el cese definitivo de los vertidos a 31 de diciembre de 2010 y no de 2012 tal y como pretendían la empresa y las distintas administraciones, teniendo en cuenta que "el conjunto de intereses en conflicto de forma que se permita una transición ordenada y la protección medioambiental exigible".

Asimismo, se indica la necesidad de tener en cuenta, en relación con el adelanto de la fecha, que la orden de caducidad de la concesión es de 2003 y que la sentencia declarando la conformidad a derecho de ésta es de junio de 2007 por lo que la empresa "ha tenido un espacio de tiempo dilatado para ir adecuando su actividad a la nueva situación".

Además, la Audiencia le exige a Fertiberia la prohibición de apertura de nuevas balsas y el inicio "inmediato" de la regeneración ambiental de los terrenos, que deberá de adecuarse a los estudios científicos que se están desarrollando por encargo de la administración y de los que "deberá de ir dando cuenta semestralmente para el conocimiento de las partes".

Por último reclama a la empresa la constitución de un aval que garantice la ejecución de las obras de regeneración ambiental por un importe de 21,9 millones de euros.

Contra este auto cabe la interposición de recurso de súplica en un plazo de cinco días desde su notificación.
Fue la Abogacía del Estado la que solicitó la ejecución provisional de la sentencia, recurrida en casación por Fertiberia, para lo que se propone un programa de desmantelamiento y recuperación de la zona afectada.

La reacción de la plantilla

Por su parte, la plantilla de Fertiberia advirtió ayer de que el auto de la Audiencia Nacional "pone en peligro el plan global" acordado por empresa y sindicatos para mantener la actividad después del 31 de diciembre de 2012.

En declaraciones a Efe, el secretario general de la sección sindical de la UGT en Fertiberia, Gregorio Falero, indicó que se trata de una resolución que "respetamos pero no compartimos porque pone en peligro el plan global acordado en base a la propuesta de petición de ejecución provisional de la sentencia de 27 de junio de 2007 solicitada por el Ministerio de Medio Ambiente".

Falero apuntó que "no se entiende como la Audiencia Nacional se pronuncia en términos distintos a un calendario que contaba con el visto bueno de todas las partes, sin tener en cuenta el problema social que esta decisión conlleva".

Para el representante sindical el recurso de la empresa debe de ser inmediato, si bien "se trata de un recurso de casación ante la propia Audiencia por lo que tiene poco recurrido y mucho nos tememos que el plazo será el fijado"; al tiempo que entiende que el propio MARM también ha de recurrir, aunque resulte contradictorio, pues la petición de ejecución de la sentencia la realizó en términos distintos a los recogidos en el documento judicial.

Asimismo, recordó que Fertiberia tiene interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que declara caduca la autorización para la cesión de vertidos que "de ser favorable a la empresa tendría que ser indemnizada por la administración".

"Sin embargo, si el plan global acordado se viene abajo nadie va a indemnizar a los trabajadores, ellos estarán indefensos, por eso consideramos que se trata de una muy mala noticia", concluyó.

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