Carlos Yáñez-Barnuevo, el inspector de la Delegación territorial de la Consejería de Salud en Sevilla que investigó el alcance del escándalo de las clínicas iDental en la provincia hispalense, comparece este jueves en el Juzgado de Instrucción número 4 en calidad de investigado acusado por el anterior equipo de la Delegación territorial de la Consejería de Salud de un presunto delito de desobediencia. Dicho equipo le abrió a este inspector el pasado 31 de octubre de 2018 un expediente disciplinario por no entregar el expediente de investigación que realizó entre mayo y diciembre de 2017 por encargo de la Delegación.

El inspector, funcionario con 37 años de carrera, pidió entregar la documentación siempre y cuando se le compulsara para tener la “garantía” de que la información ni se manipulaba ni se extraviaba y que llegaba a los verdaderos interesados, las “víctimas” de iDental. Este expediente se suma al que se le abrió en junio de 2018 por la misma Delegación territorial de Salud, y en el que se acusaba al inspector médico de no querer investigar el caso iDental. Dicha acusación se basaba, según el testimonio de Yáñez-Barnuevo, en un correo electrónico enviado a sus superiores en el que hacía constar la falta de medios para afrontar una investigación que afectaba a cerca de una treintena de gabinetes y cientos de pacientes.  

La defensa de Yáñez-Barnuevo presentará hoy al juez un informe de 39 páginas del catedrático de Derecho Administrativo Juan Antonio Carrillo Donaire en el que se concluye que “esa condición de interesado en dicho procedimiento disciplinario ampara el derecho del funcionario actuante a obtener copias autenticadas de la documentación que entrega en aplicación de un elemental derecho de defensa”. Además, la defensa pedirá la nulidad del proceso ya que han declarado varios testigos sin que la defensa haya sido avisada y, por tanto, haya estado presente.  

Carlos Yáñez-Barnuevo fue designado en mayo de 2017 por el director de la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios (IPSS) de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud para la elaboración de un informe sobre el caso iDental, calificado por el Colegio de Odontólogos como el “mayor escándalo dental mundial” y que en la provincia de Sevilla ha dejado secuelas físicas y psíquicas, algunas de ellas muy graves, a 20.000 personas. Sólo en España, la Audiencia Nacional, que se hizo cargo del caso en julio de 2018, contabiliza 400.000 afectados.

En el documento de 1.758 folios que remite en diciembre de 2017, el inspector médico adjunta 52 informes periciales que “evidencian múltiples delitos contra la salud pública”, según su testimonio. Entre las medidas que apuntó estaban el cierre cautelar de las clínicas, incoar un expediente sancionador a la empresa y remitir las actuaciones al Ministerio Fiscal por la “presunta comisión de múltiples delitos contra la salud pública”.