El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha apostado por incrementar el número de magistrados adscritos a las secciones penales de la Audiencia Provincial de Sevilla como "única" solución para tratar de paliar el "colapso" que puede producir la llegada de distintas 'macrocausas' para su enjuiciamiento.

Gallardo, en una entrevista concedida a Europa Press, ha abogado de este modo por incrementar el número de magistrados y por "racionalizar" los tiempos, aunque considera que, "ineludiblemente, se van a producir demoras más allá de las que son habituales y asumibles", algo que "resulta inevitable".

De este modo, el decano de los abogados sevillanos se ha referido al previsible "colapso" que se producirá en la Audiencia ante la llegada de distintas 'macrocausas' para su enjuiciamiento, como las distintas piezas separadas del caso de los ERE irregulares o las relativas al caso Invercaria.

En este sentido, José Joaquín Gallardo ha dicho que el problema "hay que solucionarlo dotando" a las secciones penales de la Audiencia Provincial de Sevilla de más magistrados "para que se puedan constituir cuantas salas sean precisas o vayan siendo precisas a lo largo del tiempo".

"NORMALIDAD" EN LOS SEÑALAMIENTOS

Todo ello con el objetivo, según ha agregado el decano de los letrados sevillanos, de "lograr una cierta normalidad en los señalamientos de tanta y tanta macrocausa como se está tramitando últimamente en Sevilla".

"Creo que los magistrados de la Audiencia van a hacer un enorme esfuerzo para normalizar las agendas judiciales y procurar que no se lleguen a colapsar completamente esos órganos juzgadores", ha considerado Gallardo.

Y es que, según ha puesto de manifiesto, "estamos viviendo coyunturalmente una situación especial causada por las numerosas macrocausas que se están tramitando, muchas de las cuales llegarán a juicio oral".

ÓRGANOS COLEGIADOS

En este punto, ha destacado que, en el ámbito provincial, los órganos colegiados "son los que menos demoras acumulan y los que ofrecen un menor tiempo de respuesta al ciudadano", por lo que ha aplaudido la labor de los magistrados que integran dichos órganos, como son las salas del TSJA en Sevilla y la Audiencia Provincial.

No obstante, Gallardo ha opinado que durante el último año "ha empeorado el funcionamiento de la maquinaria judicial" y se ha constatado "la necesidad" de que se creen más órganos judiciales en la provincia de Sevilla que "contribuyan a atemperar las enormes dilaciones que se vienen produciendo en muchos órdenes jurisdiccionales".

"La mayor preocupación de los abogados es, justamente, la tardanza en los señalamientos", ha lamentado el decano de los letrados sevillanos, que ha recordado que, en la jurisdicción social, los juicios se están señalando a más tres años vista, lo que "constituye un ataque frontal al Estado de Derecho y una injusticia notoria para los muchos trabajadores y autónomos que tienen que esperar tantísimo tiempo la respuesta judicial a su asunto".

CREACIÓN "INSUFICIENTE" DE ÓRGANOS JUDICIALES

Gallardo ha opinado que, en cuanto a la creación de nuevos órganos judiciales en Sevilla, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia "siempre actúan cicateramente con la capital andaluza", de forma que "se crean muchos menos órganos de los que pide el TSJA, que ya de por sí pide menos de los que precisa verdaderamente la justicia sevillana".

Según ha expuesto, "es preciso contar con más jueces en los órganos judiciales sevillanos" a fin de "desatascar la situación de colapso que se viene padeciendo en prácticamente todas las jurisdicciones, e incluso en partidos judiciales sevillanos que son auténticos puntos negros de la geografía judicial española, tales como Utrera o Sanlúcar la Mayor".

Gallardo considera que, año tras año, el colapso "va a más, se va consolidando, y las demoras se incrementan notablemente", de forma que "la única solución" sería lograr un Pacto de Estado por la Justicia que posibilitase "una mejora de la justicia española a medio y corto plazo", lo que constituye un "clamor" entre todos los operadores judiciales.

Al hilo, el decano ha abogado por cambiar estructuras y modelos, crear órganos, desarrollar reformas normativas, y realizar inversiones "importantes" en justicia, todo lo cual "precisaría de ese Pacto de Estado con su correspondiente memoria económica a cinco o seis años, también pactada entre los diversos partidos políticos".