La eurodiputada del PSOE e integrante de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Clara Aguilera se ha reunido en Sanlúcar con representantes del sector pesquero del Golfo de Cádiz para analizar su situación.

Uno de los asuntos que ha copado el encuentro, por la preocupación actual que supone para el sector del arrastre, es la entrada en vigor el próximo 9 de octubre del reglamento que prohibe a los arrastreros y pescadores de palangre faenar en aguas profundas elaborado por la Comisión Europea para aplicar en determinadas zonas de pesca consideradas vulnerables en el Atlántico. El reglamento va a ocasionar que los barcos que vienen faenando en pesquerías de ciertas aguas profundas dejen de hacerlo de inmediato, ya que su entrada en vigor está prevista para el próximo 9 de octubre.

“Es verdad que esta normativa desarrolla un reglamento anterior y que tiene la potestad para hacerlo, pero hay tres cuestiones importantísimas que yo cuestiono a la Comisión Europea”, ha señalado la eurodiputada, quien ha desgranado esos tres puntos de discrepancia. En primer lugar se ha referido al hecho de fundamentarse en bases de datos correspondientes al año 2011, “cuando los últimos datos disponibles del sector pesquero y del Atlántico español son de 2020”, con lo que se obvia el importante “esfuerzo” de reducción de TAC y de cuotas realizado a lo largo de estos años.

Clara Aguilera, quien ha comparecido ante los medios antes de mantener el encuentro con el sector, en el que ha estado acompañada por el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE de Cádiz y alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, ha apuntado como segundo motivo de conflicto la extensión de su aplicación no solo al sector del arrastre “sino también al palangre y a aquellas artes que faenan en el fondo. Por lo tanto nos parece un despropósito, porque solo se ha tenido en cuenta el parámetro del arrastre”.

El tercero de esos aspectos de discordia radica en la ausencia de “un informe socioeconómico que es obligatorio y que requiere este reglamento para valorar qué aplicación va a tener y qué daño va a causar en el sector”. La eurodiputada ha recordado que “no entendemos por qué no se han tenido en cuenta estas tres cuestiones. Lo hemos denunciado en el Parlamento, vamos a seguir denunciándolo y me consta que el Gobierno de España está estudiando las posibilidades” de actuación que se abren al respecto, partiendo de la realidad de que la Comisión Europea tiene “la potestad de la normativa”. Por este motivo, ha abogado por tratar de conseguir “un cambio rápido”, dada la inminente entrada en vigor del reglamento.

A preguntas de los periodistas, la eurodiputada ha sido cauta a la hora de avanzar si será posible que el Gobierno pueda impugnarlo antes del próximo 9 de octubre, a la espera de que se halle algún resorte jurídico que permita esa posibilidad. “Me consta que el Ministerio está viendo la posibilidad de hacer un recurso, pero para eso los servicios jurídicos tienen que darte algún amparo”, dado que es un reglamento potestad de la Comisión. En cualquier caso, “si mínimamente es posible, por supuesto que debe recurrir el Ministerio en cuanto haya una mínima apelación a tumbar este reglamento de ejecución”, ha afirmado.

Clara Aguilera ha alertado finalmente de que “la Comisión Europea quiere acabar con el arrastre. Y esa no es nuestra posición. Una cosa es tomar medidas para mejorar los caladeros de pesca y otra ir contra un arte como es el arrastre. Porque eso sí tiene mucha repercusión aquí en Sanlúcar y en el Golfo de Cádiz”, para concluir diciendo que “hay que luchar. No todo el arrastre es igual y además se está haciendo un esfuerzo muy importante por la sostenibilidad que no se está teniendo en cuenta”.

El alcalde de Sanlúcar, por su parte, ha mostrado su total apoyo a los representantes del sector pesquero que faena en el Golfo de Cádiz y en particular a los de Sanlúcar, pilares fundamentales de la economía sanluqueña y cuyo puerto es uno de los puertos más importantes de Andalucía.

Los miembros el sector allí reunidos acordaron enviar a los alcaldes de los diferentes ayuntamientos una moción solicitando el apoyo de los consistorios frente a los planes de la Comisión Europea.