La delegada territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Purificación Joyera, se desplazó el pasado miércoles hasta el Palacio de Justicia de Puente Genil para inaugurar la ‘sala Gesell’ de estas dependencias, una medida que permitirá la mejora de la atención que se presta a menores, discapacitados y otras personas especialmente vulnerables, como las víctimas de violencia de género.     

En concreto, este equipamiento, que respeta la intimidad de las víctimas, estará disponible en Puente Genil gracias a las inversiones que se están realizando con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El coste de esta ‘sala Gesell’ ha ascendido a unos 23.000 euros, cuantía en la que se incluyen las adaptaciones realizadas en el juzgado para su instalación.     

"Recursos como éste son totalmente necesarios, útiles y demandados para luchar contra los delitos y garantizar que las víctimas tengan garantizados sus derechos", apuntó la delegada territorial, quien recordó que de lo que se trata es de “dar una mejor atención a las víctimas y procurarles un espacio donde esa declaración, esa primera toma de contacto, sea mucho más amable y eficiente”.     

Esta sala especial evita la exposición a múltiples interrogatorios gracias a su estructura dividida en dos habitaciones separadas por una pared que cuenta con un cristal de grandes dimensiones que permite la visión de lo que ocurre en una de ellas desde la otra, pero no al revés. De este modo, las víctimas pueden hacer su declaración en un entorno más amable y se evita su revictimización ya que su exposición queda como prueba preconstituida con todos los requisitos de legalidad, al haberse realizado en presencia de todas las partes, incluida la defensa del acusado, y con la posibilidad de haber hecho preguntas a la víctima. De esta manera, el testigo no se ve obligado a acudir al juicio años después y tener que rememorar lo sucedido.     

Las ‘salas Gesell’ tienen una zona de entrevista que permite la exploración, prueba testifical y otras diligencias de menores y otras personas especialmente vulnerables en un ambiente de privacidad que puede evitar la victimización secundaria, ya que posibilita la preconstitución de la prueba y que, por tanto, el menor solo tenga que declarar una vez durante el proceso judicial.     

En el caso de los menores, las preguntas se las realiza un psicólogo en base a un cuestionario de defensores y fiscales. Este espacio está dotado de sistema de grabación audio y video, así como interconectada por audio con la zona de observación lo que permite la interactuación del juez con la persona que está realizando la diligencia. Existe también la posibilidad de realizar la observación remotamente a través de videoconferencia desde la sala de vistas.