La Comisión Europea expedientó ayer a España al constatar que más de 400 localidades del país no disponen todavía de un sistema de tratamiento de aguas residuales conforme a la normativa medioambiental comunitaria.


El expediente adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en un plazo de dos meses las autoridades españolas no han corregido la situación, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.


El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, se declaró “muy preocupado” por el hecho de que “en un Estado miembro donde el agua es un recurso escaso y precioso, un gran número de localidades vierten a los ríos y al mar”.