El nuevo plan de gestión para repartir la pesca entre los barcos españoles que faenan en el Golfo de Cádiz ha entrado en vigor hoy con el rechazo de parte de la flota onubense, que considera que ha habido "agravio comparativo" en relación con algunos puertos gaditanos, sobre todo en la cuota del boquerón.

Después de meses de reuniones con el sector y las comunidades autónomas, el documento, según han informado a Efe fuentes del sector, "no cuenta con la aprobación" de puertos como los de Isla Cristina o Punta Umbría, que ya alegaron al borrador y que consideran que el reparto "no es justo".

Asimismo, lamentan que el Gobierno "no haya tenido en cuenta sus alegaciones" y, a pesar de haber consensuado un reparto que se realizaba en base al 50 % entre criterios históricos y lineal, finalmente "se ha primado la valoración histórica" lo que beneficia a puertos como el de Barbate (Cádiz).

Tanto los cerqueros como los arrastreros que en Huelva se dedican a la captura del boquerón, así como el gaditano de Sanlúcar de Barrameda, que durante las negociaciones se puso del lado de éstos, insisten en rechazar el plan, que "cumplirán si se les obliga" pero no sin descartar acciones de protesta que lleven a un cambio en el mismo.

El plan recoge, en relación a esta especie, que la pesca se distribuirá por "entidades asociativas" anualmente y las posibilidades para cada año podrán variar si los armadores han realizado cambios.

En 2013, la distribución de ese cupo para cada puerto será: un 43 % para Barbate y un 15 % para Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz; para los de Huelva, habrá un 18 % en el caso de Isla Cristina y un 24 % en Puerto Umbría.

Además se establece que los barcos que a fecha de 1 de septiembre de cada año no hayan consumido totalmente su cuota por haber estado faenando al amparo de un acuerdo entre la Unión Europea y un tercer país verán su cupo restante repartido entre todos los navíos de la modalidad de cerco.

El documento desde hoy en vigor concierne a las flotas de arrastre de fondo, cerco y artes menores y su objetivo es agrupar en una sola norma las medidas técnicas que corresponden a cada modalidad de pesca.

Es el boquerón la única especie que plantea problemas, a pesar de que la normativa afecta a la distribución a otras como el rape, el jurel, la merluza, los gallos, la bacaladilla, y la caballa.

Para ellas, el Ministerio ha establecido una gestión trimestral de la pesca.