Los medios australianos, acusados por su cobertura del caso contra el cardenal George Pell

Publicado: 04/12/2020
Una orden del juez que les impedía informar provisionalmente sobre el proceso por pederastia contra Pell, antiguo responsable de finanzas del Vaticano
Una treintena de medios y periodistas australianos perdieron este viernes una apelación para frenar el juicio por desacato al que se enfrentan por su cobertura del proceso por pederastia contra el cardenal George Pell, quien fue finalmente exonerado.

Los reporteros y medios, incluidas publicaciones del grupo mediático News del magnate Rupert Murdoch, están acusados de desobedecer una orden del juez que les impedía informar provisionalmente sobre el juicio de Pell, antiguo responsable de finanzas y ex número 3 del Vaticano.

El proceso por desacato en el Tribunal Supremo del estado de Victoria comenzó el pasado 9 de noviembre pero fue aplazado temporalmente para resolver la petición de la defensa para anular el juicio por considerar que no había caso o bien para retirar ciertos cargos.

PENAS DE HASTA 5 AÑOS DE PRISIÓN

En la vista de hoy en la ciudad de Melbourne, el juez John Dixon consideró que las pruebas de la Fiscalía son suficientes para establecer, como parte del juicio, la posibilidad de que los acusados incumplieron dicha orden, según la vista virtual seguida por Efe.

Sin embargo, el magistrado redujo a 79 las 87 acusaciones que pesan en contra de los acusados, y acordó con las partes que el proceso se reanudará el próximo 28 de enero y se prolongará durante otras dos semanas.

Todos los medios y periodistas se declaran "no culpables" frente a un delito que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y multas de hasta 500.000 dólares australianos (364.600 dólares estadounidenses o 306.700 euros).

La Fiscalía de Victoria considera que se violó la orden judicial que impedía la publicación o difusión de un fallo que halló en diciembre de 2018 culpable a Pell de abusar sexualmente de dos menores en la década de 1990.

En junio de 2018, un juez australiano impuso una orden de supresión para evitar que la decisión sobre el juicio contra Pell por abuso sexual influyera en otro proceso pendiente por pederastia contra el religioso.

A raíz del fallo de culpabilidad, emitido por un tribunal de primera instancia en diciembre de 2018, varios medios australianos presuntamente se saltaron la prohibición, que sería formalmente levantada en febrero de 2019 al quedar sobreseído el segundo proceso.

Mientras varios medios internacionales pudieron publicar la sentencia de culpabilidad sin repercusión judicial, la Fiscalía considera que los medios australianos eludieron directa o indirectamente la orden.

El Herald Sun, citado por la Fiscalía como ejemplo, colocó un recuadro en negro con la palabra "Censurado" en blanco y un texto en el que se leía: "El mundo está leyendo esta historia importante que es relevante para Victoria".

Otro medio señalaba que "un australiano de alto perfil conocido en todo el mundo fue condenado por un crimen serio pero sus detalles no pueden ser publicados por ningún medio del país", remarcó la fiscal durante la apertura del juicio.

Pell fue condenado más tarde a seis años de prisión por cinco cargos de abuso sexual, fallo ratificado en agosto de 2019, pero revertido en abril por la máxima instancia judicial del país.

CRÍTICAS AL PROCESO

La Asociación de Educación e Investigación Periodística de Australia ha pedido la retirada de todos los cargos al entender que atenta contra la libertad de información.

"Los periodistas australianos se enfrentan a múltiples obstáculos que dificultan su capacidad para mantener al publico informado y proteger la democracia", señaló el grupo, que criticó el abuso de las órdenes judiciales que limitan las coberturas periodísticas y otras leyes sobre difamación y seguridad nacional.

Australia bajó cinco puestos, hasta el número 26, en el índice sobre libertad de prensa publicado de 2020 por la ONG Reporteros Sin Fronteras.

"La ley constitucional de Australia no contiene ninguna garantía en lo relativo a la libertad de expresión; sólo reconoce una 'libertad implícita de comunicación política", señaló RSF en su informe, en el que también criticó las limitaciones legales al ejercicio periodístico.

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