Para unos supone un límite al trabajo de los periodistas, para otros el deseo de los partidos de marcar sus mensajes en cada momento.

Hasta tal punto ha indignado a la clase periodística el último vídeo del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en la que reaccionaba al archivo del caso Gürtel, que, además de las protestas de las organizaciones profesionales, un manifiesto lanzado en Facebook por el periodista Carlos Hernández-Echevarría condenando estas prácticas ha recibido cerca de 3.000 adhesiones en cinco días.

La grabación de Camps, que además simulaba una rueda de prensa inexistente, sencillamente porque no había periodistas, es uno más en la relación de casos en que los políticos prescinden de dar explicaciones a los periodistas. Basta con consultar los bancos de datos para detectar algunos ejemplos.

En 2006, tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el líder de la oposición, Mariano Rajoy, utilizaron este formato. El primero para presentar a Miguel Sebastián como candidato a la alcaldía de Madrid (25 de octubre) y Rajoy para fijar su postura sobre el proceso de negociación del Gobierno con ETA (29 de junio).

El ex lehendakari Ibarretxe la ha utilizado esporádicamente, en una de las ocasiones para opinar sobre la condena del caso Atutxa (22 enero de 2008), y es una práctica habitual de los portavoces de Batasuna y su entorno.

Este año, el ex ministro de Defensa Federico Trillo rechazó ser preguntado tras valorar la sentencia del Yak-42 (19 de mayo) y también lo hizo en la sede del PP el ex consejero madrileño de Justicia Alfredo Prada, en relación al espionaje del que supuestamente había sido objeto (22 enero).

INTERESES ENCONTRADOS

Los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, difieren a la hora de abordar esta cuestión. El director de Comunicación del PSOE, Juan Antonio Blay tiene claro que: “Desaconsejaré fervientemente una comparecencia sin preguntas".

“Los políticos tienen la obligación ética y moral de comparecer. No hay que tener miedo a la transparencia”, dice a Efe Blay, para quien “puede haber excepciones, pero una cada año”.

En el PP, su secretario de Comunicación, Carlos Floriano, defiende este formato en los casos en que “el partido quiera fijar su posición sobre temas de interés de los ciudadanos. De admitirse las preguntas éstas podrían centrarse en cuestiones que no tienen que ver con el objeto de la comparecencia”.

El problema es que en el ámbito de la comunicación política “confluyen dos intereses distintos, no siempre coincidentes: el de la prensa para encontrar el punto interesante a la noticia, por buscar audiencias amplias, y el de los políticos por marcar el mensaje”, explica Luis Arroyo, presidente de Asesores de Comunicación Pública.

“Tenemos que alimentar que ante la prohibición de preguntar, hagamos una pregunta y después otra, y otra... porque el derecho a preguntar es básico en el derecho a informar”, agrega el portavoz de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Juan Tomás de Frutos.

Aunque reconoce: “Somos un sector muy desmovilizado, muy poco preocupado por nuestros sistemas de trabajo”.

“Es una barbaridad que no podamos preguntar cuando es el arma fundamental del periodista: indagar, vislumbrar qué ocurre, verificar lo que se nos cuenta, contrastar la información, porque si no nos convertimos en meros postes transmisores”, se lamenta Frutos.