La Audiencia Nacional ha condenado a 83 años de prisión al ex jefe militar de ETA Gorka Palacios, el primero en ser juzgado en este tribunal tras el anuncio del alto el fuego de la banda el pasado 5 de septiembre, por el atentado cometido en julio de 2001 en Madrid en el que murió un policía nacional.

Así consta en la sentencia dictada por la sección cuarta de la sala de lo penal de este tribunal, que juzgó a Palacios tres días después del anuncio de ETA de cesar sus “acciones armadas ofensivas”, y que ha impuesto esta pena al etarra por los delitos de asesinato terrorista por la muerte del agente Luis Ortiz de la Rosa, estragos y lesiones.

También, tal y como solicitaba el fiscal, le obliga a indemnizar con 300.506,05 euros a los herederos de la víctima de forma conjunta y solidaria con los ya condenados Aitor García y Ana Belén Egües y con 180.304 euros para uno de los heridos que quedó incapacitado para trabajar, así como una multa de 21.600 euros por 16 faltas de lesiones

Los magistrados consideran probado que el ex dirigente etarra participó junto a los citados compañeros del comando Madrid y otras personas “no identificadas” en la elaboración del artefacto explosivo colocado en el coche-bomba que explotó frente a la delegación del Ministerio de Justicia en la calle Ocaña de Madrid el 10 de julio de 2001, y fue además quien recabó previamente toda la información del lugar para perpetrar el atentado.

Asimismo, aseguran que Palacios, a quien consideran coautor del atentado, robó junto a Egües el vehículo que explotó y “paralelamente se iba a encargar de efectuar la llamada reivindicativa” en nombre de ETA, algo que, si bien “no ha sido contrastado, esto “no significa que no lo hiciera”.

El tribunal, compuesto por la presidenta Ángela Murillo y los magistrados Teresa Palacios y Juan Francisco Martel, basa sus argumentos en las declaraciones policiales y judiciales que efectuaron Egües y García tras ser detenidos, a las que consideran “prueba más que suficiente” para condenarle.

La sala cree que “es claramente advertible” que no dijeron la verdad, sino que actuaron de la forma que creyeron “conveniente” para alejar a Palacios de las acusaciones.

Subrayan que, a pesar de la incomunicación a la que estaban sometidos, fue “calcado” lo que relataron, un elemento que califican de “crucial” entre todo el material probatorio.