El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que instruye la causa abierta al juez Baltasar Garzón por el dinero que supuestamente recibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006 ha ordenado a la Guardia Civil que investigue el origen de los ingresos del magistrado en ese periodo.

En un auto notificado ayer, el magistrado Manuel Marchena pide un informe “acerca del origen, persona, organismo o entidad pagadora de todos los ingresos percibidos por Garzón entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2006 que no se correspondan con las cantidades abonadas en concepto de nómina por su condición de magistrado de la Audiencia Nacional”, como pidió la acusación.

Marchena instruye la querella contra Garzón de los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, que le acusan de prevaricación y cohecho por recibir presuntamente del Banco Santander más de 302.000 dólares durante su estancia en dicha universidad y después haber archivado una querella contra directivos del banco, así como otras cantidades.

El instructor dice que la adopción de esta medida es necesaria “a la vista de la ausencia por parte de las entidades que asumieron los patrocinios de los cursos dirigidos por Garzón de cualquier medida de control, justificación o fiscalización del gasto respecto de las cantidades finalmente ingresadas por la Universidad de Nueva York”.

Garzón, que declaró como imputado por este asunto el pasado 15 de abril, se encuentra suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde el pasado 14 de mayo al abrirle el Alto Tribunal juicio oral por declararse competente para investigar las desapariciones durante el franquismo.

Sobre su declaración en el Supremo, Marchena concluye que las “inexactitudes y contradicciones” en las que concurrió “aconsejan ahora la práctica de diligencias complementarias con el objetivo de sumar a lo ya conocido otros extremos igualmente relevantes para la investigación”.

El auto recuerda que las testificales que se han practicado han permitido conocer el importe de los patrocinios abonados por el BSCH, Telefónica, BBVA, Endesa y Cepsa, así como “el papel desplegado por el imputado para su obtención”.