El Gobierno propone grabar a los detenidos por terrorismo a los que se aplica el régimen de incomunicación en el borrador de su Plan de derechos humanos, un amplio catálogo de iniciativas que, previsiblemente, aprobará el viernes y que incluye además la prohibición expresa de la incomunicación para los menores.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha sido la encargada de coordinar este plan con los distintos ministerios y hoy mismo se ha reunido con las ONG para cerrar los últimos flecos antes de llevarlo al Consejo de Ministros.

El borrador del plan, al que ha tenido acceso Efe, contempla la modificación de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regulan el régimen de incomunicación, que según la legislación española debe ser autorizado por el juez.

Entre las reformas que propone el Gobierno destaca también la reducción del plazo máximo de ocho horas dentro del que debe hacerse efectivo el derecho a la asistencia letrada, y la posibilidad de que el incomunicado pueda ser reconocido por un médico de su elección, y no sólo por el forense, dando respuesta así al reclamo de organismos internacionales como el Comité Europeo de Prevención de la Tortura.

Por su parte, los españoles residentes en el extranjero contarán con una oficina específica en el Defensor del Pueblo y con un Fondo para garantizar su asistencia jurídica, en especial cuando estén condenados a muerte.

El plan no olvida el compromiso del Gobierno de reformar la ley de libertad religiosa, que, según el borrador, irá acompañada de un Observatorio sobre el pluralismo religioso en España y de un mapa sobre la situación en el país.

Otro de los capítulos se centra en la violencia de género, donde se apuesta por los dispositivos electrónicos y de control telemático de las medidas de alejamiento de los maltratadores y por los programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico de los condenados.

Para mejorar la atención a las víctimas, se diseñará un plan dirigido específicamente a la población inmigrante y un mapa de los recursos existentes para proponer unos mínimos comunes en todo el territorio. 

El borrador recoge también el compromiso de aprobar una ley integral de igualdad de trato y no discriminación, la puesta en marcha de una estrategia nacional contra el racismo y la xenofobia y un plan de acción específico para la población gitana.