Los supuestos etarras Mattin Sarasola, Mikel San Sebastián e Igor Portu, para los que el fiscal pide 900 años de cárcel por perpetrar el atentado de la T-4 de Barajas el 30 de diciembre 2006, se negaron ayer a declarar ante el tribunal que les juzga por considerarlo “fascista” y tolerante con las “torturas”.

Así lo han expresado los tres acusados en la primera sesión del juicio que ha comenzado en la Audiencia Nacional a los que el fiscal imputa dos delitos de asesinato terrorista, 41 de tentativa de asesinato y uno de estragos terroristas por el atentado cometido contra la T-4 de Barajas con el que ETA rompió su última tregua y en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos.

Sarasola fue el primero en acogerse a su derecho de no declarar, tras lo cual aseguró que no iba a participar en la vista por considerar al tribunal que les juzga “fascista”, mientras que Portu incidió a continuación que todo “lo que debiera decir” durante la vista ya lo hizo “bajo torturas”.

Tampoco San Sebastián reconoció al tribunal porque, dijo, “admite las torturas”.

Después de los presuntos etarras, han comparecido 15 testigos, uno de ellos el propietario de la furgoneta que la banda utilizó en el atentado y al que los tres acusados secuestraron desde la noche del 27 de diciembre de 2006 hasta que le liberaron el día 30.

Según su testimonio, esa noche estaba en su vehículo estacionado en un aparcamiento de caravanas en Luz Ardiden (Francia) cuando tres encapuchados abrieron la puerta y, tras advertirle de que eran de ETA y que “esto iba en serio”, le apuntaron con un arma, le cubrieron la cabeza y le esposaron.

Transcurrida una hora, le trasladaron al maletero de un turismo desde el cual “estuvieron cambiando de sitios” durante los tres días, en los que la víctima sólo escuchó a uno de los presuntos terroristas dirigirse a él ya que, según explicó, entre ellos se comunicaban con silbidos.

Su testimonio fue interrumpido por el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, para reprenderle por tutear al fiscal, y le ha pedido que se dirija al Ministerio Público y al resto de acusaciones con “respeto” y que “no se le escape más”.

Previamente, diversos agentes de la Policía Nacional y la Policía Local coincidieron en asegurar que los datos facilitados sobre la matrícula estaban equivocados.