La Abogacía y la Intervención de la Generalitat valenciana defendieron hoy la legalidad de las contrataciones realizadas por el Consell y criticaron el informe de la Unidad de Auxilio Judicial solicitado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investiga el 'caso Gürtel' por "extralimitarse en sus apreciaciones" y presentar unas conclusiones "desproporcionadas, infundadas e incluso falsas".

Los representantes de ambos órganos, Isabel Villalonga --Abogada General-- y Salvador Hernándiz --Interventor General--, comparecieron en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell junto a la portavoz, Paula Sánchez de León, para decir "basta ya" a la "difamación" y a la "utilización partidista" de los datos sobre contratación del Consell y "trasladar a la opinión pública la honestidad y legalidad de toda la actuación de un gobierno y de toda una administración que no vamos a consentir que se difame".

Sánchez de León manifestó que el informe de la Unidad de Auxilio Judicial que ayer exhibió el portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, en la sesión de control contiene afirmaciones "no exactas, no veraces" e interpretaciones "tendenciosas". Además, destacó que el volumen de contratación al que se refiere el documento supone el 0,04 por ciento de toda la contratacion de la Generalitat valenciana.

La portavoz aseguró que los datos que contiene el documento han sido trasladados por la propia Generalitat "y no hay nada que constate mejor la absoluta transparencia de esta Administración en su actuación".

En este sentido, criticó la "utilización partidista" de la información con la intención de "generar confusión en la opinión pública". Remarcó que si "se pusieran los mismos lentes que se han puesto en estos contratos en todas las contrataciones de la Generalitat" se tendría una visión "mucho más realista" de la actuación de la Administración durante los años que recoge el informe.

Sánchez de León también subrayó que el redactor del informe es un cargo adscrito a la vicepresidencia primera del Gobierno, que ocupa María Teresa Fernández de la Vega, y hermano de un alto cargo de la subsecretaría del Ministerio de Industria. Preguntada sobre la importancia de la relación del firmante con estos cargos, la consellera destacó que es "la misma importancia que entender que dos contratos por un vídeo y por un catering tienen el mismo objeto", y añadió que hace esta apreciación sobre al autor del documento para dar una información "muchísimo más completa y menos parcial que la que se ha trasladado por otras instancias a la opinión pública", aseveró.

En este sentido, inquirida sobre si la Abogada General era un alto cargo de la Conselleria de Turismo cuando se efectuaron los contratos de Fitur investigados, respondió que no hay "ninguna implicación" de Villalonga al respecto.

"BASTA YA"

Sánchez de León señaló que con la comparecencia "queremos decir 'basta ya' y trasladar a la opinión pública la honestidad y la legalidad de todas las actuaciones de un gobierno y de toda una administración" y aseguró que no van a "consentir que se difame con mentiras e interpretaciones tendenciosas". "Ya está bien a la infamia, la difamación, la mentira y a la utilización partidista de nuestras instituciones", aseveró.

Villalonga expresó su "más rotunda disconformidad" con las conclusiones del informe de la Unidad de Auxilio Judicial, que calificó de "desproporcionadas, infundadas e incluso falsas", y destacó que la actividad contractual de la Administración valenciana cumple "rigurosamente" la legalidad vigente.

Afirmó que el documento exhibido por Luna contiene "graves errores", ya que obvia que cada conselleria es un órgano de contratación diferente y que la Generalitat valenciana "ha contratado prestaciones que en la ley de Contratos del Sector Público son calificadas como categorías contractuales diferentes". Incidió en que el informe ha podido ser realizado porque ella misma remitió toda la documentación que le fue solicitada.

Salvador Hernándiz también incidió en que las contrataciones efectuadas "cumplen rigurosamente" con la ley y subrayó que esos contratos "se hubieran realizado con los mismos requisitos por cualquier otra Administración".

Apuntó que en más de un expediente se aporta mayor documentación de la requerida, que para el caso de los contratos menores "se limita al certificado de la existencia de crédito y a la factura conformada por la prestación del servicio". Destacó que la Comunitat es la autonomía que mayor información financiera publica. Ambos altos cargos abandonaron la rueda de prensa tras leer sendos escritos y sin que hubiera posibilidad de que se sometieran a las preguntas de los periodistas.

Sánchez de León justificó la comparecencia de Villalonga y Hernándiz para "evidenciar que hay un conjunto de profesionales que trabajan día a día en una Administración que merece todo el respeto y toda la dignidad".

Indicó que en las adjudicaciones investigadas "no ha habido instrucciones por parte de nadie", ni del Consell ni del PP, y destacó la "transparencia absoluta" de la actuación del Gobierno valenciano, que está sometida a los "controles jurídicos" pertinentes, el previo de la Intervención y el posterior de la Sindicatura de Comptes, detalló.

Preguntada sobre si van a dirigirse al juez para refutar el informe elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial, apuntó que desde el Gobierno valenciano "seguiremos defendiendo allí donde sea necesario" la "transparencia y la legalidad" de la actuación de la Administración autonómica. Se mostró "convencida de que los tribunales decidirán de forma justa, adecuada y conforme a la legalidad y confiamos plenamente en esas decisiones".

También rechazó pronunciarse sobre el hecho de que el magistrado que instruye el 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya aceptado la personación del PSPV en la causa, ya que, según señaló, "no valoro decisiones judiciales".