Los españoles siguen a la cabeza de los Veintisiete en número de quejas al Defensor del pueblo con 389 reclamaciones, según revela el informe anual relativo a 2009 que hizo público ayer el Ombudsman comunitario Nikiforos Diamandouros.

A España tan sólo la supera Alemania, con 413 quejas sobre la mala gestión y falta de transparencia recibida por el ciudadano de las administraciones públicas.

En total, en el conjunto de la Unión Europea, se recibieron hasta 3.098 reclamaciones procedentes de ciudadanos, empresas, organizaciones no gubernamentales o asociaciones (algunas menos que en 2008, cuando se registraron 3.406).

La mayoría se refieren a falta de transparencia de las instituciones –incluido el rechazo a desclasificar documentos públicos o dar información–, mala administración, abusos de poder, retraso en los pagos y discriminación.

Hasta ocho de cada diez quejas motivaron la apertura de una investigación, la trasmisión del expediente al órgano competente y la recomendación debida.

Un 56% se resolvieron por la institución competente o por un acuerdo amistoso, el 18% se archivaron tras concluir que no había habido una gestión deficiente, el 17% no motivaron que se continuase estudiando el caso y en el 12% de los casos se concluyó que no había incurrido mala administración.