El discutido proyecto de reforma de las pensiones terminó el debate en primera lectura en la noche de este viernes en la Asamblea Nacional sin un voto global sobre la medida y pasó al Senado.

El plazo legislativo para debatir y votar en primera lectura el texto concluyó a medianoche (23.00 GMT) sin que los diputados pudieran debatir y votar sobre una gran parte de su contenido debido a las miles de enmiendas que presentó la formación izquierdista La Francia Insumisa (LFI).

Especialmente, los diputados no pudieron discutir ni votar el polémico artículo 7, que establece subir la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años.

Un afónico ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, que perdió la voz tras dos intensas semanas de debate, lamentó que buena parte de la propuesta no haya podido ser discutida, a la vez que criticó que los diputados de LFI "me han insultado durante quince días, se van, pero no me han hecho caer".

El intento de LFI de forzar la continuación de los debates, más allá de lo que establece el reglamento de la cámara, fue rechazado.

"Ustedes han despreciado a los franceses y hasta a sus propios socios" de coalición al impedir el debate, afirmó la jefa del grupo parlamentario oficialista, Aurore Bergé, para criticar lo que consideran táctica obstruccionista de LFI.

"Tenemos derecho a tener respuestas a nuestras preguntas", respondió por LFI el diputado François Piquemal.

Varios diputados ecologistas y socialistas, socios de LFI en la coalición progresista Nupes (que agrupa también a los comunistas), lamentaron también la estrategia de los "insumisos", que según la ecologista Sandrine Rousseau fue "un fallo estratégico".

Tras el final sin voto de los debates en la Asamblea, el proyecto legislativo pasó en su versión original al Senado, que tiene un plazo de dos meses para debatir el texto.

La última jornada del debate en la cámara baja ofreció una discusión intensa, llena de invectivas, gritos y abucheos, como es tradicional en la belicosa Asamblea Nacional francesa, lo que obligó a un nuevo ejercicio de paciencia por parte de la presidencia de la cámara, Yaël Braun-Pivet.

Después de la medianoche y con el debate de las pensiones ya terminado, los diputados tienen previsto discutir y votar una moción de censura contra el Gobierno presentada por el grupo de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) por la forma en que está llevando a cabo la gestión de esta reforma.

Mientras tanto, los sindicatos continúan preparando la jornada de huelga general del 7 de marzo, para la que buscan que haya paros más intensos y amplios que los de las cinco jornadas de protestas realizadas ya desde el 19 de enero.

El sindicato CGT anunció hoy un paro para ese día de la industria química, que incluye al sector clave de las refinerías.

Además de aumentar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, la reforma busca adelantar a 2027 la subida de un año (de 42 a 43) del período de cotización necesario para disfrutar de una pensión completa, que ahora está previsto para 2035.

El Gobierno argumenta que sin esos cambios el sistema de pensiones generará un déficit creciente que alcanzará 12.500 millones de euros para 2030, mientras que la izquierda duda de esas cifras y propone que se tasen las grandes fortunas y los beneficios de las principales empresas para financiar ese agujero.

La reforma tiene la oposición frontal de la izquierda (LFI, socialistas, comunistas y ecologistas) y de la ultraderecha. Por ello, el Gobierno, que no tiene la mayoría en el Parlamento, necesita el apoyo del único partido que le queda como posible respaldo: el conservador Los Republicanos.