Los inmigrantes de la población de Vic han pasado en sólo un mes de poder ejercer el “derecho a voto” en la consulta soberanista convocada el 13 de diciembre a ver amenazado su derecho a empadronarse por no tener papeles, una prueba de las contradicciones y complejidades que entraña el fenómeno migratorio.

La habitualmente tranquila localidad barcelonesa, perennemente asociada a la industria cárnica catalana y también tradicional centro espiritual, ha sido en poco más de un mes frecuente noticia de portada, primero como epicentro de las consultas soberanistas en Cataluña y desde el pasado día 13 como foco de polémica por el empadronamiento de los inmigrantes sin papeles.

El día 13 el pleno del Ayuntamiento de Vic, gobernado por CiU, PSC y ERC, aprobó una normativa que impedía inscribir en el padrón a los inmigrantes que no dispusieran de permiso de residencia, escudándose en la Ley de Extranjería, lo que abrió la caja de los truenos en un ámbito de especial sensibilidad social y dio paso a un acalorado debate a nivel nacional.

Muchos de los inmigrantes empadronados en Vic debieron sentir entonces una sensación de esquizofrenia, pues sólo un mes antes habían experimentado un cierto “reconocimiento social” cuando los organizadores de las consultas soberanistas les permitieron participar en esta iniciativa, pese a no tener ningún valor legal, mostrando tan solo su certificado de empadronamiento.

Finalmente, el Ayuntamiento de Vic, encabezado por el alcalde Josep Maria Vila d’Abadal (CiU), decidió el jueves dar marcha atrás en la polémica del empadronamiento y “acató”, pese a no compartirlo, un informe de la Abogacía del Estado que desvincula los permisos de residencia y trabajo del derecho a empadronarse y a obtener así las prestaciones sociales básicas.

Vic, de 39.000 habitantes y situada a unos 80 kilómetros de Barcelona, se ha convertido en este tiempo en símbolo de las dificultades y los peligros que conlleva asimilar un altísimo crecimiento de la inmigración en poco tiempo.

Según los datos del padrón municipal, la población inmigrante residente en Vic ha pasado del 6 al 25% en nueve años, atraída por la oferta de trabajo en la industria cárnica, especialmente en los mataderos, que no se cubre con la población autóctona.

La entidad SOS Racismo ha interpretado la iniciativa de Vic como una medida para obtener réditos electorales, a pesar de que un reciente sondeo encargado por el Ayuntamiento ha revelado que la inmigración no se encuentra entre las principales preocupaciones de sus habitantes, ya que ocupa el noveno lugar, por detrás de temas como el paro, la falta de aparcamientos o de zonas verdes.

Esta entidad antirracista y otras asociaciones que trabajan con los inmigrantes hace tiempo que vienen advirtiendo de que la crisis económica es terreno abonado para “criminalizar” a la inmigración y potenciar actitudes xenófobas.

Este contexto social ha sido propicio para el arraigo entre algunos vecinos de Vic del discurso xenófobo y populista de Josep Anglada, líder del partido Plataforma per Catalunya (PxC), que en las últimas elecciones municipales logró situarse como segunda fuerza política, y que presiona al equipo de gobierno para que adopte algunas de sus propuestas para limitar la inmigración.

Pese a todo, Vic ha sido considerada como ejemplo de integración en diferentes foros porque la fuerte oleada de inmigrantes no se ha traducido en problemas de convivencia ni en fractura social.

El secretario general de UGT en la comarca de Osona, Francesc Poch, aseguró a Efe que la inmigración no ha provocado conflictividad laboral “porque sólo los inmigrantes aceptan las condiciones laborales de los mataderos, donde se trabaja a destajo, se hacen jornadas larguísimas y el ritmo es muy duro”.