El Grupo Otero, la promotora andaluza que cuenta con proyectos de viviendas unifamiliares calificadas de lujo y que estaban desarrollándose en municipios de Marbella, Estepona, Torremolinos, Manilva o Benahavís, ha reconocido a sus clientes compradores que atraviesa por dificultades para culminar las edificaciones, unas adversidades que, asegura, tienen su origen en la subida del precio de los materiales, como consecuencia de la guerra de Ucrania y del incremento de la energía.

En una carta que la promotora ha remitido a sus clientes, califica de "un escenario de incertidumbre" el desarrollo de su actividad, con tendencias alcistas marcadas por variaciones del IPC a nivel global, (en España alcanzó su máximo anual en junio de 2022 con un 10,8%, y un 5,9% en enero pasado), unas circunstancias que "están afectando negativamente" a muchos sectores productivos, entre ellos el de la construcción de viviendas. 

Esta mercantil se creó en 2017 teniendo como matriz a Otero Constructores, que desarrolla también su actividad en la rehabilitación, la construcción de VPO y hoteles. Opera con cinco empresas, entre las que se encuentran OBC, Atrium y Lagoom. Desde ese año, ha sumado 500 millones de euros de facturación acumulada, con más de 130 empleos creados.

Para suspender temporalmente su actividad, el Grupo Otero se acoge a un Real Decreto Ley de 1 de marzo de 2022 para el sector público, y plantea a sus clientes "una revisión excepcional" de precios de los contratos que había suscrito con ellos para levantar sus viviendas, en algunos casos desde el año 2017.

"Este aumento de costes excede, además, del que pueda ser incluido en los riesgos que el contratista ha de asumir", asegura en la misiva remitida a sus clientes por el consejero delegado, Rubén Otero, quien justifica también que procede, a su juicio, una revisión de los precios de las villas por el incremento de productos como el cemento, los materiales cerámicos, la madera, los plásticos, el vidrio y otros elementos químicos que son empleados en la construcción.

La promotora se ampara en una de las cláusulas de los contratos suscritos para las levantar las urbanizaciones y casas, y en la doctrina del Tribunal Supremo que aplica el principio de "rebus sic stantibus", que supone que el acuerdo entre las partes es obligatorio siempre que se mantengan las condiciones y circunstancias en las que se estableció el mismo. 

Es en este escenario en el que, para evitar que se frustre la ejecución de las viviendas, el Grupo ha reclamado a sus clientes el abono adicional de las diferencias económicas, "entre el precio contratado y el importe real de la obra ejecutada", con unas cantidades que ya ha trasladado individualmente a cada propietario de las villas de lujo.

"Y hasta que las partes alcancen un acuerdo sobre la reclamación anteriormente referida, se le anuncia, como consecuencia de las circunstancias sobrevenidas e imprevisibles alegadas (...), la paralización de las obligaciones del contrato" que había sido suscrito, dicen los burofaxes enviados a los compradores.

PREOCUPACIÓN Y ASESORAMIENTO

Esta comunicación ha causado enorme preocupación entre los clientes, que se han puesto en manos de despachos de abogados. Uno de ellos es el de Martínez-Echevarría, de Málaga, que está asesorando a un grupo de afectados, la mayoría autopromotores que contrataron los servicios de la constructora para el proyecto y desarrollo de estas mansiones de lujo (algunas de hasta 8 millones de euros) en la zona de la Costa del Sol.

Fuentes de este bufete señalaron que con algunos de esos clientes los problemas vienen desde el periodo de la pandemia, durante el verano de 2020, en el que se paralizaron ya algunas obras de proyectos de llave en mano que habían sido contratados en 2018. 

"Se aprovechó entonces para solicitar incrementos de precio alegando incumplimientos de pago de los afectados para intentar justificar la resolución del contrato. Ello lo hacían así porque muchos de esos proyectos se ofrecían a precios por debajo de mercado, que luego no les resultaba rentable terminar", dice una letrada. 

Meses después llegaron los rumores de crisis de la constructora, si bien como consecuencia de la pandemia del Covid, y por las medidas que fueron implantadas por el Gobierno central, las empresas no podían declararse en quiebra. 

Esta situación se solventó con la inyección económica de 30 millones de euros por parte de un inversor, lo que permitió remontar a la constructora hasta la fecha.

Fuentes de este despacho insisten en que "los contratos continúan vigentes", pese a los requerimientos del Grupo Otero recibidos por los clientes desde finales de enero pasado, en donde se solicita el abono de cantidades e informan del incremento de precios del contrato, sin que se expliquen las partidas ni conceptos. 

Además se han puesto en contacto con este bufete varios ex empleados de la promotora después de que se cerrase la oficina de Marbella hace dos semanas. Tanto éstos, como clientes y proveedores, han anunciado que "llevarán a cabo cuantas acciones judiciales sean pertinentes en defensa de sus intereses". Su objetivo es culminar la edificación de las casas y evitar la posibilidad de un concurso de acreedores que retrasaría toda la construcción.

Esta promotora está levantando también 60 viviendas protegidas (VPO) en la zona del matadero sur de Cádiz, a través de una UTE con la empresa Coprasa. El encargo ha sido de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la Consejería de Fomento de la Junta.