Fernando López Gil es uno de los principales exponentes políticos del PSOE en la provincia. Sus diez años de trabajo en favor del partido desde San Fernando, el respaldo electoral cosechado y su propio perfil, con gran proyección de futuro, le valieron para ser elegido hace año y medio como delegado del Gobierno de la Junta en la provincia. Tiempo suficiente para que pueda extraer conclusiones acerca de una gestión marcada, como no podía ser de otra forma, por los recortes y el modelo político con el que afrontar la crisis.
 

—¿Qué balance hace de este año que llega a su fin? 
—Ha sido un año muy duro, porque las familias que tienen menos recursos lo están pasando realmente mal y eso marca la acción del gobierno. Desde la Junta lo que sí podemos decir es que conociendo esa realidad nuestra acción política siempre ha estado encaminada a atajar las consecuencias de la crisis y las derivadas de la misma, caso de la vivienda, y también por poner encima de la mesa las medidas necesarias para luchar contra la exclusión social.
 

—Aún así nos encontramos con una provincia que parece que no ve la salida todavía. ¿Qué perspectivas laborales hay para la provincia de cara a 2014?
—Estamos trabajando en tres aspectos fundamentales. El primero, la inversión pública para crear empleo directo. Hemos planteado diferentes programas: plan de empleo verde, planes de choque, plan OLA, plan de exclusión social... 62 millones de euros destinados a contratar personas que tengan la esperanza de encontrar un empleo ligados a estos planes de inversión pública. En segundo lugar, el apoyo a aquellos sectores que están funcionando y creando empleo, algunos tradicionales como la agricultura, otros como en el caso de Jerez dentro del sector del vino, pero también, en tercer lugar, estamos apoyando a sectores estratégicos de futuro a través de la agencia IDEA para marcar un nuevo modelo económico como ocurre con el caso de la logística o el de la tecnología vinculada a la empresa, para hacerlas más competitivas.
 

—¿Están satisfechos hasta ahora con la ejecución de esos planes?
—La verdad es que son planes que sirven de ejemplo a nivel nacional e internacional en lo que son gobiernos de izquierda a la hora de contribuir a la creación de empleo con dinero público. El plan de exclusión social, por ejemplo, ha permitido repartir siete millones y medio de euros a través de los ayuntamientos y crear tres mil puestos de trabajo. En global están a un 70% de ejecución y por ahora estamos muy satisfechos con el resultado, ya que en datos globales ya se ha logrado la contratación de más de ocho mil personas, sin olvidar que algunos no sólo están pensados sólo en crear mano de obra, como sucede con el plan de exclusión social, sino en mejorar infraestructuras, como ocurre con el plan OLA, y otros están pensados para ayudar a las empresas a sostenerse en el tiempo y a invertir en educación y sanidad. Son contratos ligados a parados de larga duración, que tienen cargas familiares y que no tienen otra ayuda para acceder al mercado laboral que no sea a través de este tipo de inversión pública que no se realiza en ningún otro lugar de España.
 

—El conflicto de Delphi y el de Navantia han marcado la actualidad en las últimas semanas, ¿qué últimas noticias hay al respecto y qué valoración hace de las diferentes polémicas?
—En el caso de Delphi hemos cambiado el sistema con el que veníamos colaborando con los afectados a través de un programa que incluye diez medidas para buscar una salida definitiva al conflicto. Son medidas que puede que no satisfagan del todo a las 400 personas que aún quedan afectadas de los 1.900 que se quedaron sin empleo.  
 

—¿Han sido claros con los afectados?
—Siempre hemos intentado no engañar, dar la cara y ser transparentes. Le hemos manifestado desde el primer momento que el modelo creado no ha funcionado, porque no ha servido para que pudieran encontrar empleo en otro sector y económicamente era insostenible e inviable. Las diez medidas que les hemos propuesto son para que elijan a cuál acogerse y poder encontrar una nueva salida laboral. Lo primero que haremos será homologar sus títulos a las certificaciones aeronáuticas, porque sabemos que éste es un sector que va a tener mucho desarrollo en Airbus o Carbures en los próximos meses y habrá oportunidades de futuro.
Con respecto a Navantia, la mejor noticia tendría que ser el encargo de los buques de acción marítima, porque en este momento quien puede crear empleo en la Bahía de forma intensiva es Navantia. En este momento hay 2.500 personas trabajando y las 45 millones de horas de trabajo que podría suponer el encargo de los buques de acción marítima se traducirían en 8.000 puestos de trabajo, y eso es algo que no podemos hacer ninguna administración ni ninguna otra empresa que viniera, por lo que es la mejor opción y la mejor noticia para esta provincia es que el Gobierno de la Nación se comprometiera a encargar a Navantia la construcción de esos buques.
 

—Desde el PP les critican que la construcción de esos BAM no se encargan porque ustedes no pagaron los que encargaron en su momento...
—Es una crítica endeble, ya que cuando gobierna el PSOE a nivel nacional Navantia siempre tiene carga de trabajo, y cuando gobierna el PP siempre hay voces de cierre. Los programas de contratación con Industria y Defensa siempre se pagan mucho después del encargo de trabajo, y por eso ahora se están pagando aquellos encargos, y ahora se encargarían los nuevos buques que tendría que pagar el gobierno siguiente, que con toda seguridad no será del PP.
 

—El subdelegado del Gobierno insiste en que no entiende que se hayan llevado a cabo los destrozos en pleno proceso de negociación, ¿usted justifica esos cortes y acciones de protesta?
—Lo que sí es evidente es la tomadura de pelo que se ha tenido con los trabajadores de Navantia por las promesas de cargas de trabajo que nunca se han producido, ya que llegaron a principios de año con la promesa de un encargo con Venezuela, después con Australia, después los BAM, después con Catar, después con los gaseros y ahora les prometen un solo gasero para dentro de dos años que se repartirá por toda España. Eso ha provocado algunos comportamientos que no nos gustan, como dañar el patrimonio público o afectar al resto de ciudadanos, pero es lógico que las manifestaciones tengan que producirse y el Gobierno central debe ser consciente de lo importante que es para la provincia de Cádiz que se produzca esa carga de trabajo, del mismo modo que tampoco se entiende que para arreglar un carril reversible del puente se haya tardado quince días, lo que hay que achacar a la mala gestión de una obra y no tanto a los daños causados en la manifestación.
 

—¿Eso lo achaca a los técnicos o a Subdelegación?
—Lo achaco a una realidad. No sé quién será el responsable, pero han sido quince días en la que los ciudadanos se han visto afectados por una obra responsabilidad del Gobierno de la Nación. Que no debieron producirse aquellos daños, sí, pero que se tenía que haber actuado con más celeridad también.
 

—¿Qué van a suponer para la provincia en 2014 los presupuestos de la Junta?
—Los presupuestos responden a las necesidades que tienen los ciudadanos en este momento, que son los vinculados con el empleo, así como aquellos pilares que marcan la gestión de un gobierno de izquierdas, como es la sanidad o la educación. Se ha visto muy limitado por el Gobierno de España. Sólo en la provincia de Cádiz el recorte nos ha afectado en 217 millones de euros que no podemos seguir aplicando, como ocurre en el caso de Jerez, para donde ya no disponemos de 37 millones de euros. Así es complicado llevar a cabo una acción de gobierno, pero a pesar de todo vamos a destinar más de 300 millones de euros para la acción directa de la generación de actividad económica, a través de las tres líneas de trabajo que he comentado, y seguiremos con las líneas fundamentales de un gobierno de izquierdas, como es garantizar una sanidad que es igualitaria para todos y de máxima calidad asistencial, la igualdad en educación, donde se mantienen las becas en comedores, los precios de las guarderías, la subvención del transporte escolar...
 

—¿Cómo se mantiene ese Estado del Bienestar con menos dinero?
—Siendo muy claros y paralizando aquellas cosas que entendemos que pueden pararse. Hay infraestructuras muy importantes para la provincia que ahora mismo están paralizadas, pero no nos cuesta reconocer que se debe a que el dinero que hay se tiene que destinar a otras prioridades. Hay obras sanitarias que están paradas en la provincia, las obras de alguna carretera también, de hecho este 2014 sólo se va a actuar en dos que son muy importantes, como la que une Rota con El Puerto de Santa María, y la Jerez-La Barca, porque son fundamentales para la seguridad de las personas, pero hay otras también importantes que se tienen que paralizar hasta que el presupuesto lo permita. Lo que está claro que entre hacer una obra y asistir a personas que lo necesitan hay que poner en primer lugar a las personas.
 

—Los presupuestos no están provincializados, y ésa es una crítica recurrente del PP, pero usted ya ha adelantado algunas inversiones concretas...
—Lo que hemos hecho es coger los presupuestos de la Junta y hacer una traslación de las actuaciones que sabemos que vamos a hacer en el próximo ejercicio. Nosotros lo que hemos avanzado son aquellas actuaciones que sabemos que son fundamentales para la generación de actividad económica, ya que de los 600 millones que vienen para la provincia, más de 300 son para ese ámbito, y puntualizar en aquellas obras importantes que se pondrán en marcha, como ocurre con las del CHARE de Vejer.
 

—¿Cree que la provincia debe apostar por nuevos modelos de desarrollo como están poniendo de manifiesto empresas como Carbures?
—Cádiz tiene que apostar por empresas de alto contenido tecnológico, porque no se deslocalizan. Las grandes empresas con mucha mano  de obra no van a volver a la provincia, porque se sitúan en otros países más beneficios, y hay que poner de ejemplo la labor  que están desarrollando en este momento empresas como Carbures, o como Sibelco, Ubago, Airbus, junto con otras muchas vinculadas al sector aeronáutico, pero sobre todo empresas que usen una alta tecnología, ya que tienen menos mano de obra pero mayor estabilidad laboral y van a convertirse en una de las patas sobre las que descansará  el desarrollo económico en la provincia. De hecho, en todas esas empresas a las que he hecho mención la Junta de Andalucía ha estado desde el inicio hasta el final con ayudas, financiando la investigación y los programas finales. Hay otra pata importante, hay sectores que siguen funcionando muy bien, como ocurre con la externalización de productos que es cada vez más importantes, y estamos concediendo ayudas importantes. En la logística tenemos el caso de APM Terminals, una de las punteras en el intercambio de mercancías, ha decidido invertir en Algeciras para que sea el puerto al que lleguen los buques dentro de su negocio de mercancías entre Asia y América. Sectores que funcionan y que tengan una alta cualificación tecnológica, por ahí discurre el camino, que es muy largo, pero en el que hay que acompañar porque ahí es donde se encuentra el futuro.
 

—Cuando tomó posesión como delegado del Gobierno comentó que Jerez es una ciudad con futuro y potencial, pero que tiene que saber cambiar. ¿En qué es lo que tiene que saber cambiar y en qué cree que ha cambiado en este año y medio?
—Jerez por su ubicación estratégica y los diferentes sectores económicos que abarca, es una de las poblaciones con mayor potencial de crecimiento de la provincia, pero a partir de ahí los datos económicos de esta ciudad no van a la par de esa potencialidad, y eso es corresponsabilidad también de todas las administraciones. Es verdad que el que marca el camino es el Ayuntamiento. Siempre nos hemos puesto a disposición en lo que lo necesiten y de hecho este año ha sido la población que más fondos ha percibido en materia de creación de empleo, quien más ha recibido en ayudas para empresas, ya sean del sector agrario o del vino, donde hemos hecho una gran apuesta. Los sectores que le han funcionado siguen funcionando y creciendo, como ocurre en el caso del vino, al que hemos apoyado continuamente y al que este año hemos destinado 2,8 millones de euros para ayudar a la externalización del vino, pero también es cierto que en la diversificación de su oferta está la clave.
 

—¿Si hubiera mejor entendimiento con el Ayuntamiento habría opciones para prosperar?
—Los enfrentamientos suenan más que los acuerdos. Siempre he dicho que el Ayuntamiento tiene unas formas difíciles, yo soy más del diálogo y del consenso, pero en los temas importantes siempre estamos ahí. Cuando nos necesitaron para el Circuito estuvimos ahí con 2,7 millones de euros, hemos estado interviniendo en conflictos muy duros como fue el caso de la huelga de la basura, hemos dado siempre la cara en el tema del servicio de ayuda a domicilio, y el entendimiento suele ser casi siempre, pero cuando no lo es es muy sonoro, pero la alcaldesa y este delegado cuando han tenido que llegar a acuerdos importantes lo han hecho sin ningún problema.
 

—El pulso entre administraciones sigue vigente, y este año hemos vivido un caso bastante polémico que ha acabado incluso con la renuncia de la Junta a formar parte del Parque Tecnológico Agroalimentario, el PTA, ¿por qué se ha tenido que llegar a ese extremo?
—El PTA es algo para ponerlo en  su justa medida, ya el mayor protagonista es la Junta de Andalucía, y hoy que no estamos en el consejo de administración del parque hay que recordar que poseemos el 39% del suelo, todas las empresas que se instalan tienen una ayuda importante de la Junta de Andalucía, y si es del sector agroalimentario más, pero también desde la agencia IDEA estamos ayudando a cada una de esas empresas; tenemos un laboratorio instalado en el propio parque, y somos los que mantenemos el PTA con una subvención para garantizar su funcionamiento y mantenimiento. Estamos en todo su recorrido, pero salimos de su consejo de administración porque entre las 300 personas que se presentaron a la plaza de gerente dijimos a una persona que no la queríamos porque no nos representaba, ya que nos insultaba desde las redes sociales, con cosas duras contra la Junta y su presidente, y si el presidente del consejo tenía que representar a todos los integrantes del consejo dijimos que esa persona no lo hacía. Y dijimos que precisamente no podía ser esa persona, la que se eligió, y por tanto no nos salimos sino que nos expulsaron del PTA. En cualquier caso nosotros seguimos funcionando con el PTA, y la alcaldesa lo sabe, el que no estemos en el consejo no quiere decir que dejemos de apoyar a las empresas instaladas, ya que hay mucho futuro vinculado con los terrenos del PTA, sobre todo por su proximidad a los del aeropuerto y que tendrían que vincularse al PTA, a la cercanía de Carbures...
 

—A la Junta se le seguirá echando en cara que no acabara las obras de rehabilitación de la iglesia de Santiago y más aún que al final tenga que ser costeada con aportaciones de los ciudadanos, ¿ve contraproducente que el asunto se haya solventado de esta manera, teniendo en cuenta de que la sensación generalizada es que la Junta no ha cumplido con la ejecución del proyecto?
—Sí, pero financiamos más del 85% de la obras. Ojalá la hubiéramos podido terminar, pero ya lo he dicho antes, tenemos que priorizar en la acción del gobierno y destinar el dinero a lo que consideramos prioritario, aunque ello haya provocado el que tengamos que paralizar algunas obras importantes, para destinar esos fondos a cuestiones más importantes, como el empleo, la vivienda, las ayudas contra la exclusión social, la sanidad... y no es palabrería, porque para hacer eso hace falta dinero y si el Gobierno de España nos recorta las transferencias el dinero hay que bucarlo de otros sitios. Nos hubiera encantado que no fuese así y lamentamos que hayamos tenido que paralizar esa obra, pero que entienda la ciudadanía que no fue para dejar en ninguna caja ese dinero, sino para situaciones que consideramos más importantes.

 

—¿Será 2014 el año en el que PP y PSOE se pongan de acuerdo para impulsar el proyecto de Las Aletas?
—El año del acuerdo ha sido este 2013 y fue muy importante. Es una situación muy compleja y ya ha comenzado a avanzarse administrativamente. Se ha llegado a un acuerdo administrativo y político en el que se ha marcado una ruta, y esa ruta prevé que a inicios de  2014 el Consejo de Ministros apruebe la reserva demanial y el nuevo informe de impacto ambiental de la zona, donde atiende a la sentencia jurídica ampliando la zona de protección medioambiental, y eso permitirá aprobar una nueva situación que derivará en una doble declaración de interés estratégico de la Junta para que ante otro revés jurídico se pueda seguir trabajando en el desarrollo de una de las zonas. Políticamente hemos llegado al acuerdo de no echarnos las culpas unos a otros y trabajar en una hoja de ruta conjunta y esperamos que en este 2014 se pueda empezar a desarrollar el proyecto, ya que es un problema más jurídico que económico.
 

—Este verano, con motivo de las nuevas obras de adecuación del cauce del Guadalete a su paso por Jerez para evitar nuevas inundaciones, hizo alusión a que el problema sigue estando en tres puntos conflictivos, que se corresponden con tres puentes, cada uno dependiente de una administración diferente. Se comprometió a solventar el problema del que era competencia de la Junta, pero ¿en qué se ha avanzado al respecto, teniendo en cuenta que es en el mes de febrero en el que en los últimos años se han producido los problemas?
—La gestión del Guadalete es difícil, porque cada año se producen inundaciones, pero ha habido años, como ocurrió en 2010, en los que se han dado situaciones que había que evitar. A partir de ahí estamos con un control del agua que hay en la presa, de la limpieza del cauce del río para que el agua fluya rápida, en la mejora de zonas de dragado, terminando la EDAR que permitirá que las zonas de avenida de agua no se vean afectadas por atascos que impidan el rápido fluido de la corriente y otro aspecto son los tres puntos negros del recorrido que marcan esos tres puentes. Uno de ellos, que es el de la zona de la autopista, es competencia del Gobierno de España, después hay otro en una carretera comarcal que es competencia de Diputación y después está el que es competencia de la Junta donde estamos redactando el proyecto y en cuanto haya financiación lo acometeremos. Pero hay un mensaje que hay que dejar claro: las zonas inundables del Guadalete se seguirán inundando. Podemos hacer todo el trabajo, pero en las zonas que en los planes generales de urbanismo aparecen como inundables, cuando llueva se inundarán. Hay una acción, pues, que no podemos evitar, pero con respecto a lo demás hay una labor muy importante en la que los técnicos de la Junta han puesto todo el cariño y a la que hemos destinado más de tres millones de euros que ha permitido paliar la dramática situación que se ha vivido algunos años.
 

—No hemos hablado de turismo y del impacto del turismo de cruceros, teniendo en cuenta que en 2014 se está pendiente de percibir una serie de subvenciones para mejorar la terminal de contenedores del puerto de Cádiz que contribuiría a incrementar las posibilidades de su condición de referente, ¿qué otras alternativas hay caso de no poder contar con esas ayudas?
—Hay una acepción que ha comenzado a utilizarse mucho últimamente que es la economía azul, que engloba al sector económico que está vinculado al mar de cualquier forma, de la logística, al turismo, la pesca, la investigación... y a partir del nuevo marco comunitario esperamos que haya líneas estratégicas de financiación de la UE a las que acudir y que Cádiz se viera atendida de forma privilegiada. En este sentido, hay dos actividades vinculadas a los puertos que se van a tener muy especialmente en cuenta, una de ellas es el turismo de cruceros, y Cádiz se ha convertido en el primero de Andalucía este año, después de que Málaga nos duplicara hace unos años, pero para que eso sea posible y se potencie más hay que trasladar la estación de contenedores. Ese asunto ya está resuelto con la financiación europea y estamos dentro de los tiempos para terminar las obras, lo que permitirá potenciar el espacio para el intercambio de contenedores, pero sobre todo por el impacto para hacer posible la llegada de más cruceros, con el impacto económico que está suponiendo no sólo para Cádiz sino para toda la provincia.
 

—En el Hospital San Carlos están “con las carnes abiertas”, ¿cómo están las conversaciones y qué mensaje de tranquilidad si es posible se puede mandar al personal civil?
—El que tiene que informar es el Gobierno de España. La Junta no puede hablarle de su situación laboral a esos trabajadores porque de quien dependen es del Gobierno central. Sí podemos hablarles de lo que puede pasar en el futuro, pero no de la situación actual. Entiendo que les reclamen información al Ministerio de Defensa. Ahora mismo tenemos una relación bastante fluida con el Gobierno con respecto a este asunto y ha habido entendimiento en todo momento. De hecho la estatutarización del personal que se va a producir es positivo para la plantilla y pasarán a ser personal de la Junta cuando se produzca la transferencia, pero es cierto que el proceso va más lento de lo esperado, y puede que se retrase todo hasta junio. La Junta lo que está dispuesta a hacer cuando se firme el protocolo es avanzar en esa transferencia con la garantía de que el Hospital será nuestro meses después. La idea es poder empezar a ir ocupando el Hospital dándole una mayor carta de servicios a los ciudadanos, con cirugía mayor ambulatoria con hospitalizaciones cortas, derivar pacientes desde Puerto Real o Puerta del Mar poco a poco. Así que estamos a la espera de que el Gobierno mueva ficha y fije la fecha para la firma del protocolo y después de la de la transferencia definitiva.
 

—¿Qué pasará entonces el 1 de enero?
—Lo mismo que el 31 de diciembre, seguirá funcionando igual, no debe haber modificación de las condiciones laborales del personal. Seguirá abierto por el Ministerio de Defensa hasta que se produzca la transferencia.
 

—¿Es cierto que la Junta ha dicho que acepta la transferencia del Hospital pero que se lo dé restaurado?
—Ni mucho menos. Las condiciones son las que estaban desde un primer momento. Sabemos el estado del contenido y del continente. Lo único en lo que hemos incidido es en el personal y en el material que se nos transfería.
 

—En la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir también están preocupados por su futuro, ante la imposibilidad de sus ayuntamientos integrantes de asumir la deuda acumulada, ¿está la Junta en condiciones de ayudar a solucionar el problema?
—Es una situación complicada y difícil, primero en el marco jurídico, y después en la capacidad presupuestaria. Ha habido varias reuniones a este respecto y estamos estudiando cómo se puede ayudar, porque la situación es dramática para las personas pero también para los ayuntamientos. Pero es difícil jurídica y económicamente, ya que es una deuda que proviene de unas transferencias y hay que ver cómo se participa en algo que ya tenía que estar pagado.
 

—En el plano político personal, ¿a qué se debe su abandono de la secretaría de política institucional en la ejecutiva provincial del PSOE? 
—Es un paso al lado, ya que no hay que olvidar que el delegado del Gobierno de la Junta es un miembro nato de la propia ejecutiva, y con la llegada de una compañera de San Fernando ocupe la secretaría de Organización había que contribuir al equilibrio territorial, de ahí que haya cecido el cargo para dar cabida a otro representante de otra ciudad de la provincia. Lo importante es que Irene García tiene claro su proyecto de provincia y de transformación del PSOE a nivel provincial y está tomando las decisiones necesarias. Si soy secretario o como miembro nato tampoco influye en los ciudadanos. Mi compromiso con el partido sigue intacto.
 

—¿Y sus aspiraciones personales en el mundo de la política por donde pasan?
—Por defender a los gaditanos donde esté, ahora desde la Delegación del Gobierno, que es un sitio que nos permite una acción coordinada de muchos sectores y me siento muy satisfecho de este sitio durante el tiempo que decidan que esté aquí.
 

—¿Lo veremos en las municipales de San Fernando?
—No lo creo. Saben que fue un proyecto al que le puse todo el corazón y que fue por el que entré en política, pero también saben que creo que es el tiempo para otros compañeros. Sí es verdad que algún día me gustaría volver, pero no creo que éste sea el momento.
 

—El alcalde de San Fernando sí da a entender que usted tiene pensado volver a presentarse como candidato, de hecho el cargo que usted ostenta ahora mismo se debe a labor que había venido desempeñando en San Fernando y tampoco en la ciudad se ve a nadie con el carisma que usted sí cosechó. Todo ello lleva a pensar que sí puede ser posible su candidatura, ¿qué tiene que decir al respecto?
—Yo agradezco esa visión que tiene. Es verdad que San Fernando y su ciudadanía siempre me ha acogido muy bien. En las primeras elecciones gané y en las segundas obtuvimos muy buenos resultados, pero no conseguí el reto de gobernar. Pero también es verdad que ha sido una etapa muy intensa de mi vida y ahora tengo otra responsabilidad en la que tengo puesta esa misma intensidad. Eso sí, tampoco le quede duda que si mi partido me dice que me presente lo haré, pero creo que es el tiempo de otras personas, y hay compañeros para hacerlo.