La Junta de Andalucía estima que en torno al 80 por ciento de las viviendas ubicadas en las zonas residenciales a las afueras de Jaén conocidas como Los Puentes podrá tener licencia de ocupación, mientras que el Ayuntamiento no ha entrado a valorar el porcentaje e insiste en la propuesta de elaborar planes individualizados que tengan en cuenta el decreto sobre zonas residenciales y la ley de Protección Civil para posibilitar la regularización en el PGOU.

   Así se ha puesto de manifiesto este jueves tras una primera parte de la reunión de la comisión de seguimiento del protocolo, de la que forman parte tanto los vecinos como las administraciones firmantes del referido acuerdo, Ayuntamiento y Gobiernos central y autonómico, cuyos representantes han abordado los dos asuntos que confluyen en este conflicto: el deslinde y encauzamiento de los ríos para acabar con las riadas y la situación de estas zonas con numerosos inmuebles fuera de la legalidad.

   Con respecto a la primera cuestión, no hay más novedades que la que supuso esta misma semana la entrega del proyecto definitivo de encauzamiento por parte de la Junta a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, toda vez que se han realizado las modificaciones apuntadas en el encuentro del 20 de agosto y que en buena parte explican, junto a la revisión del valor de la expropiaciones, el incremento de la inversión desde los 60 millones de euros presupuestados hace seis años a "entre 100 y 120 millones de euros". Las afectaciones de edificaciones, como se puso de manifiesto entonces, se mantienen en un proyecto que afecta a una superficie de 938.000 metros cuadros, en los que 50 viviendas deberán ser derribadas total o parcialmente así como 138 instalaciones.

   Según ha indicado el subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, parte de la documentación ya se ha remitido a Madrid y se espera que "la semana que viene" se envíe el resto para iniciar la aprobación de una actuación sobre la que, por eso mismo, no se han concretado fechas ni financiación, que debe repartirse al 45 por ciento entre los Ejecutivos regional y estatal más el diez por ciento municipal. En cualquier caso, el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, ha pedido un "nuevo compromiso" con la firma de otro protocolo que incluya la mayor dotación presupuestaria y la exigencia de plazos.

   En el caso de la regularización de los inmuebles en Los Puentes, Lillo ha reconocido "algunas dificultades técnicas", después de que la Junta informase esta semana de que en las condiciones actuales "no procede", razón por la que se ha solicitado a la CHG un mapa de peligrosidad de algunas zonas de los ríos que permitiría determinar los inmuebles compatibles con la ordenación del PGOU.

   A pesar de ello, la delegada del Gobierno andaluz, Purificación Gálvez, ha señalado que "no va a haber ningún problema y retraso en la tramitación" del PGOU de la capital porque ese mapa servirá para definir los usos de las viviendas en estas áreas "bajo el principio  irrenunciable de la protección y seguridad de las personas". "Manteniendo esa seguridad, la Junta, con ese mapa definirá el uso. No obstante, según una primera estimación más del 80 por ciento de los vecinos van a poder tener su licencia de ocupación", ha destacado Gálvez, para añadir que el planeamiento "no va a encontrar como obstáculo el problema de Los Puentes" en tanto el Ayuntamiento "puede plantear el uso condicionado a nivel de peligrosidad".

UNAS 600 VIVIENDAS EN ÁREA INUNDABLE

   Es esta materia ha profundizado la secretaria general de Ordenación Territorial de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Gloria Vega, quien se ha referido a la amplitud de Los Puentes, de manera que, del total, son "aproximadamente 600 viviendas --más unas 400 edificaciones de diverso tipo como naves de apero-- las que están en zonas inundables" y, por tanto, sobre las que la Confederación tiene que pronunciarse con su estudio. "Dentro de la zona inundable puede ocurrir sea inundable en cinco centímetros o en un metro. En función del mapa se podrá tolerar el uso por el Ayuntamiento en su planeamiento y cuáles son incompatibles", ha declarado.

   Para el resto de las casas, existen dos supuestos: Las construidas antes de 1975 "son viviendas legales que podrían tener su licencia de ocupación ya", de manera que "con que el Ayuntamiento apruebe lo que tiene hecho en el avance (del planeamiento) como una ordenanza municipal se puede conceder la licencia de ocupación". Si son posteriores a ese año y han prescrito las medidas de protección de la legalidad, que son cuatro años, pueden tener una resolución municipal, "bien como viviendas legales o bien como asimilados fuera de ordenación".

   Así las cosas y a pesar de que el 80 por ciento es una cifra "muy estimativa", Vega ha destacado que se trata de un "gran porcentaje": "Todas las que están fuera del área inundable y fuera de la zona de peligrosidad grave podrán acceder a su certificado municipal que le tolere su uso", ha apostillado para agregar que el PGOU puede continuar su tramitación porque establece el régimen y "no tiene por qué avanzar el uso una a una vivienda".

PLANES INDIVIDUALIZADOS

   Preguntado el alcalde por si da por buena ese dato, ha incidido en la propuesta "conforme a la Ley de Protección Civil del año 85 y determinando la peligrosidad de la zona, de elaborar planes individuales de protección" en función de la ubicación del inmueble, fórmula que plasmarán en el PGOU porque "puede ser una solución importante para solventar la problemática". "Esperamos que los informes sean favorables a esta propuesta del Ayuntamiento que está dentro de la ley y que permite consolidar la puesta en marcha de esos planes individuales", ha dicho sobre la aprobación definitiva a los planes generales, que corresponde al Gobierno andaluz.

   En este sentido y aunque ha mostrado "cierta extrañeza" por que "ahora se pida información complementaria" sobre el nivel de peligrosidad, Fernández de Moya ha dicho quedarse "con el compromiso de la Junta de que el PGOU sigue adelante", de forma que espera el visto bueno final "no más allá de primavera o verano de 2013" incorporando "en las distintas modalidades que ofrece el ordenamiento jurídico vigente la mejor solución posible dentro del cumplimiento de la ley en Los Puentes".

AVANCE "HACIA ATRÁS"

   Los menos satisfechos de la reunión han sido los habitantes de estas áreas de la capital, según las manifestaciones del presidente de la Unidad de Gestión Vecinal de Los Puentes, Antero Jiménez, para el que se ha avanzado "pero hacia atrás". "Empezábamos con una presa de laminación que se enterró. Se dijo en el protocolo que íbamos a tener una regularización que está totalmente en entredicho. Íbamos a ser suelo urbano consolidado y ya vamos por suelo no urbanizable si eso es avanzar...", ha apuntado.

   Por ello, ha expresado el malestar de los vecinos que se ven como la "pelota" en una "partida de ping pong", ya que "no se llegan a soluciones concretas" y no hay acuerdo "entre Junta y Ayuntamiento sobre la forma de regularizar de verdad las viviendas".