El portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha asegurado este viernes que si cierra la planta de celulosa de Ence en Huelva "el padre de ese cierre es la empresa y la madre el Gobierno central" y, a su juicio, "ambos deben sentarse y el Ejecutivo hacer presión" para evitar dicho cierre, pero "esto no es nuevo, lo sabe el Gobierno y la compañía".
En declaraciones a los periodistas en Cartaya (Huelva), antes de visitar, junto a dirigentes del PSOE de Cartaya, el IES 'Rafael Reyes' en el municipio y mantener una reunión con el equipo directivo del centro, y preguntado por este asunto, Mario Jiménez ha apelado a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a la que llama "ministra de desempleo", natural de San Juan del Puerto, donde se encuentra la planta, por tanto "muy cercana a la realidad industrial de Huelva".
Al respecto, ha remarcado que "un ministro tiene mucha capacidad para presentar a la empresa argumentos para que ésta no cierre porque está en la mano del Gobierno que siga adelante".
Jiménez ha subrayado que se trata de "una pésima noticia" para los trabajadores afectados pero también para toda la provincia porque su actividad económica inducida "se extiende a varios sectores y a todo el territorio onubense".
Por ello, ha pedido a Ence que "pare su idea de cerrar la planta onubense porque hay alternativas y el grupo tiene beneficios y la planta de Huelva ha sido contribuyente neto en términos de beneficios económicos".
Del mismo modo, ha subrayado que la provincia "lleva mucho tiempo soportando las consecuencias" de esa actividad industrial y "no se le puede dar este cerrojazo".
Para Mario Jiménez "quien va a apretar el botón de cierre es la empresa pero quien está tomando decisiones que ayudan a ello es el Gobierno de España con su reforma laboral y energética". Por ello, remarca que "una llamada de la ministra Báñez se puede resolver el problema de Ence" y pide que "lo haga inmediatamente".
Jiménez ha destacado a su vez "la colaboración absoluta de la Junta" y ha realizado una recomendación al subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, el cual "no va a coartar la libertad de expresión de los trabajadores en sus reivindicaciones, ya lo hizo ayer cuando intentó prohibir una marcha pacífica en defensa de sus derechos" y le ha pedido que "no vaya por ahí porque quizás va a tener que explicarse ante los tribunales".