Una mujer de 30 años de Rosal de la Frontera (Huelva), Jessica Pascual, ha iniciado hoy una huelga de hambre para reclamar la revocación de la orden de expulsión que pesa sobre su marido, de nacionalidad marroquí, que le impide entrar en España hasta 2020.

La mujer, que ayer protestó ante la Subdelegación del Gobierno en Huelva unas dos horas y se reunió con su titular, Enrique Pérez Vigueras, quien se comprometió a analizar el asunto, ha iniciado hoy una acción reivindicativa a la que no podrá fin hasta que se cumpla su objetivo.

Según ha explicado a Efe Pascual, desde hoy y en principio hasta el 30 de mayo, fecha hasta la que le han dado permiso, permanecerá apostada a las puertas del organismo oficial diariamente de 13:00 a 23:30 horas, junto con su hija, y no ingerirá ningún tipo de alimento.

Ha advertido que "no se va a rendir", que mantendrá su protesta hasta que "le den un sí" y su marido pueda regresar a España y ha indicado que llegado el 30 de mayo sin respuesta afirmativa pedirá un permiso para estar ante la Subdelegación las 24 horas.

Esta mujer conoció en 2008 al que hoy es su marido -con el que contrajo matrimonio por poderes el año pasado- cuando se encontraba en situación irregular en España al pesarle una orden de expulsión desde 2004 como consecuencia de la comisión de varios robos.

El hombre volvió irregularmente a España en 2008 y creía que, por la información que le había dado su abogado, su orden de expulsión era de cinco años, cuando en realidad era de diez, y cuando iniciaron los trámites para casarse en 2010, el día en el que los citaron para la audiencia habitual en casos de matrimonios entre extranjeros, la Policía le detuvo.

Según Pascual, en ese momento, al haber quebrantado la orden de expulsión que pesaba sobre él desde la Subdelegación del Gobierno se amplió la misma, por lo que se le impide la entrada en España hasta 2020.

"Creo que la orden de expulsión es excesiva en años, por ello pido que se le revoque, porque, pese a los errores que hubiera podido cometer en el pasado, en la actualidad es una persona madura, sensata y que está capacitada para reinsertarse a la sociedad".

Esta mujer presentó el pasado 8 de mayo en la Subdelegación un recurso de recusación administrativa a la orden de expulsión y prepara la presentación de un contencioso-administrativo para que se dé respuesta a lo que considera "su derecho como esposa y el de su hija".