El Tribunal Supremo ha suspendido el señalamiento acordado para este miércoles, cuando estaban previstos deliberación y fallo sobre el recurso de casación de Juana Rivas contra su condena a cinco años de cárcel por sustracción de menores, y convocará al pleno del Alto Tribunal "cuando por turno corresponda".

El tribunal, según recoge una reciente providencia a la que ha tenido acceso Efe, hace así uso de las normas de reparto vigentes en el presente año y explica que el nuevo señalamiento se pondrá en conocimiento de quienes intervengan en el pleno.

El abogado Carlos Aránguez, que asumió la defensa de Juana Rivas ante el Tribunal Supremo, ha expresado a Efe su "satisfacción" por que este caso sea finalmente analizado por el pleno del Tribunal Supremo, lo que a su juicio revela la complejidad del caso, que puede sentar jurisprudencia en el Derecho español "al más alto nivel".

Por su parte, Enrique Zambrano, letrado de Francesco Arcuri, -expareja de Rivas y padre de sus dos hijos-, entiende que el tribunal quiera interpretar la aplicación del artículo que se refiere a la pluralidad de sujetos pasivos, es decir si hubo dos delitos de sustracción de menores o bien solo uno, con independencia de los menores afectados.

Este pleno puede ser convocado cuando se considere necesario que la deliberación sobre un asunto se lleve a cabo por todos los magistrados, atendiendo a la función unificadora y de creación de doctrina jurisprudencial que incumbe al Tribunal Supremo.

Los niños permanecen actualmente en Italia con la expareja de Rivas, el italiano Francesco Arcuri, al que Juana ha acusado de maltrato hacia estos.

El largo y mediático periplo judicial que ha acompañado a la historia de esta vecina de Maracena (Granada) dio comienzo el verano de 2017, cuando permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos frente a él, quien en 2009 fue condenado por lesionarla y al que, años después, en 2016, ella volvió a denunciar por maltrato.

La decisión de no entregarlos a su padre, con quien compartía la custodia de los menores, se tradujo en una condena a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores, una sentencia que obtuvo una fuerte contestación social desde el movimiento feminista y que, tras su confirmación posterior por la Audiencia de Granada, espera el pronunciamiento del Tribunal Supremo, al que Rivas recurrió.

El último varapalo judicial al que se enfrentó Rivas fue el archivo, por parte de la Justicia italiana, de las ocho denuncias que interpuso entre 2016 y 2018 contra su expareja por maltrato hacia los dos hijos de ambos, aunque aún quedaban pendientes de resolver otras cinco denuncias por maltrato hacia los niños interpuestas en 2019.

Finalmente, la Justicia italiana concedió la custodia en exclusiva de los dos hijos a Arcuri, aunque permitió que Rivas pudiera verlos un fin de semana de cada dos si vive en Italia o uno de cada cinco si reside en España.

Los niños viven con el padre en el municipio italiano de Carloforte, en la isla de San Pietro, en el sur de Cerdeña, desde agosto de 2017, cuando Rivas finalmente acató la orden judicial en España que la obligaba a entregárselos al padre.